En un hecho que enciende las alarmas sobre la libertad de prensa en Colombia, cuatro periodistas del municipio de Apartadó, en la subregión de Urabá, Antioquia, recibieron amenazas directas por parte de presuntos miembros del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo. Las intimidaciones ocurrieron el viernes 31 de julio en un lapso de menos de seis horas y estuvieron dirigidas a los comunicadores Cristian Salas, del portal Noticias El Boom, integrantes del colectivo Voces de Urabá, y Yeison Rojas, corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en la región y reportero de TeleAntioquia Noticias y Darién TV. Según denunció la Flip, las amenazas incluyeron llamadas telefónicas, mensajes a través de conocidos y encuentros presenciales, todo con el objetivo de que detuvieran sus investigaciones y publicaciones sobre la Secretaría de Movilidad de Apartadó y su secretario, Óscar David Angulo.
La organización defensora de la libertad de prensa alertó que los comunicadores fueron contactados para exigirles detener de inmediato cualquier publicación relacionada con posibles irregularidades en los procedimientos de movilidad del municipio, específicamente aquellas que vinculaban al secretario Angulo. «En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público», señaló el comunicado oficial de la entidad.
Ante la gravedad de los hechos, la Flip hizo un llamado urgente a distintas entidades del Estado para garantizar la seguridad de los periodistas amenazados. Exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con celeridad el nivel de riesgo de cada uno de los comunicadores y adoptar las medidas de seguridad necesarias. «La dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y garantice la protección de la vida de los periodistas y el ejercicio libre del periodismo local», advirtió la Fundación. Asimismo, pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones y judicializar a los responsables, mientras que a la Alcaldía de Apartadó y a la Policía Nacional les solicitó activar planes de protección inmediatos. De manera particular, la Flip instó al alcalde de Apartadó, Adolfo David Romero, a emitir un pronunciamiento público de rechazo contundente contra estas intimidaciones.
Cifras alarmantes en Antioquia
Este nuevo caso de censura y violencia contra la prensa se suma a una preocupante estadística regional. La propia Flip reportó que entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año se han registrado 45 agresiones a periodistas en el departamento de Antioquia, lo que lo consolida como el territorio más riesgoso del país para el ejercicio del periodismo. La organización subrayó que estos ataques no solo buscan silenciar a los comunicadores, sino también obstaculizar el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público, como el manejo de la movilidad en uno de los municipios clave del Urabá antioqueño.
«Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias».
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)
En un pronunciamiento que apunta directamente al origen de la intimidación, la Flip también hizo un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario de Movilidad de Apartadó, Óscar David Angulo, y si las amenazas contra los periodistas podrían estar siendo una estrategia para encubrir dichos hechos. La organización insiste en que la respuesta del Estado debe ser integral y contundente para desmantelar cualquier intento de censura y garantizar que la prensa local pueda continuar su labor sin poner en riesgo su vida.
