Un nuevo round político en torno al manejo fiscal del país se desató esta semana, luego de que la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal acusara al gobierno de Gustavo Petro de haber “saqueado el erario” y desfinanciado el presupuesto público en “más de 30 billones de pesos”. La crítica, difundida a través de sus redes sociales, buscó ubicar al Ejecutivo como responsable del déficit que enfrenta el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, actualmente en discusión en el Congreso. Sin embargo, la respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su misma plataforma, el mandatario replicó que el verdadero origen de la desfinanciación responde a la negativa de la oposición, liderada por el uribismo, a aprobar impuestos que graven a los sectores más ricos del país, y recordó el enorme costo del subsidio a la gasolina heredado del gobierno de Iván Duque, que cifró en 70 billones de pesos y que, según sostuvo, “pagó y acabó”.
El cruce de acusaciones se da en un clima de alta tensión fiscal y justo cuando la Contraloría General de la República emitió una alerta formal en la que advierte que el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 presenta un desbalance estructural de 30,2 billones de pesos. El ente de control señaló que, aunque es la primera vez que se oficializa una cifra tan elevada para una sola anualidad, ya había venido advirtiendo sobre riesgos similares en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, sin que se hubieran adoptado correctivos de fondo. La advertencia de la Contraloría incluye un llamado a respaldar las apropiaciones con ingresos ciertos o, en su defecto, ajustar el gasto para mantener la sostenibilidad fiscal.
El origen del déficit según cada actor
Desde la oposición, la exsenadora Cabal fue contundente en sus declaraciones, asegurando que “el gobierno Petro duró 4 años no gobernando sino saqueando el erario”. Además, instó al Congreso a “recomponer el presupuesto e impedir nuevos impuestos para los colombianos”. En contraste, el presidente Petro le respondió directamente a Cabal, a quien señaló como parte de una élite que se niega a tributar. “Esa desfinanciación responde y es el efecto de su negativa, señora Cabal, a ponerle impuestos a los más ricos, es decir, entre pocos a usted”, afirmó el mandatario.
“Ahí tiene usted la explicación del déficit fiscal de Colombia. Es usted y sus amigos los culpables”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro también recordó el contexto de la herencia fiscal recibida del gobierno de Iván Duque, puntualizando que “recuerde que en su gobierno (Iván Duque), el señor Restrepo puso el subsidio a la gasolina que costó 70 billones de pesos y que yo pagué y acabé”. Esta afirmación busca contrastar la gestión del gasto heredado con las dificultades actuales para cerrar la brecha presupuestal.
La alerta técnica de la Contraloría
Más allá del debate político, el informe de la Contraloría General de la República ofrece un diagnóstico técnico que pone de manifiesto las tensiones estructurales del presupuesto. El organismo detalló que gran parte del presupuesto proyectado estaría destinada a atender el servicio de la deuda pública, que presenta un incremento del 17,5 % respecto al año anterior, mientras que los recursos para inversión y funcionamiento permanecen prácticamente estancados. A esto se suma una caída en el recaudo del Sistema General de Regalías, lo que profundiza la dependencia de fuentes alternativas de financiación.
La Contraloría recomendó, de manera urgente, que se garantice coherencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como la adopción de medidas de racionalización del gasto público. “Gran parte del presupuesto estaría destinada a atender la deuda pública, mientras que los recursos para inversión y funcionamiento permanecen estancados”, advirtió el ente de control, insistiendo en que la situación exige “mayor prudencia fiscal”. El debate, que combina señalamientos personales entre la oposición y el Gobierno con un diagnóstico fiscal preocupante, se dará en las próximas semanas en el Legislativo, donde se decidirá el futuro de la financiación estatal para el año 2027.
