Una tensa jornada de protesta se vivió este miércoles en las puertas del Ministerio de Ambiente en Bogotá, donde más de mil pequeños mineros, campesinos y líderes sociales provenientes de Santander se concentraron y encadenaron simbólicamente para rechazar la declaratoria de una Zona de Reserva Permanente en el sector de La Baja, en el municipio de California. La movilización, que reunió a más de un centenar de organizaciones sociales, seis alcaldes de la provincia de Soto Norte y representantes de comunidades mineras, denuncia que la medida pondría en riesgo el sustento de tres mil familias y afectaría directamente a 25 mil habitantes en un área de 75 mil hectáreas. La protesta se produce a solo cinco días de que culmine el Gobierno de Gustavo Petro y apunta directamente contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, a quien acusan de imponer resoluciones sin la debida concertación.
Fabio Maldonado, representante de Gran Paso Social por California, fue una de las voces más críticas durante la manifestación, asegurando que lo que el Ministerio quiere imponer «no es una Zona de Reserva Permanente, sino una Zona de Ruina y Pobreza». Maldonado advirtió que la decisión gubernamental busca «acabar con la economía de miles de familias que trabajamos legalmente por fuera del Páramo», en clara referencia a la delimitación de áreas protegidas que han generado históricas tensiones en la región. Los líderes dejaron claro que no se oponen a la protección ambiental, sino a la forma en que se ha gestionado el proceso, que consideran poco transparente y carente de estudios técnicos de fondo.
Denuncias de irregularidades en la consulta pública
Uno de los puntos más álgidos de la controversia gira en torno a la consulta pública realizada entre el 15 y el 29 de julio, la cual, según los manifestantes, habría estado plagada de anomalías. Ivonne González, líder minera, fue enfática al señalar que «la Agencia Nacional de Minería (ANM) no puede permanecer indiferente a esto que está sucediendo y confiamos en que desde el conocimiento técnico no validen este atropello». En sus declaraciones, González arremetió contra la ministra encargada al afirmar que «no es justo que el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Ministra (e) de Ambiente y filósofa, Irene Vélez, decida sobre el futuro de la minería legal de la que dependemos miles de familias, y con sus intereses le deje la puerta abierta a los grupos criminales por darle gusto a los falsos ambientalistas y activistas políticos».
La denuncia cobró mayor peso luego de que se conociera un informe pericial internacional que evidenció que el Ministerio de Ambiente habría alterado documentos oficiales durante el proceso de consulta, incorporando cartografía de manera tardía en menos de dos semanas. Esta situación llevó a que un juez de Bucaramanga admitiera una tutela que investiga la presunta modificación irregular de los archivos. Los manifestantes aseguran que estas acciones constituyen «decretos exprés» que se dictan en contravía de sentencias de la Corte Constitucional y del Tribunal de Santander, lo que agrava la percepción de un atropello institucional.
«Lo que el Ministerio quiere imponer no es una Zona de Reserva Permanente, sino una Zona de Ruina y Pobreza»
Fabio Maldonado, Representante de Gran Paso Social por California
Los líderes de la protesta elevaron una solicitud formal a la Agencia Nacional de Minería para que intervenga desde el conocimiento técnico y evite la implementación de una medida que, según advierten, solo conduciría a la ilegalidad o al desplazamiento forzado de miles de personas. En su argumentación, los manifestantes recalcan que debilitar la minería formal en zonas históricamente vulnerables como California y sus alrededores podría incrementar la presencia de grupos criminales y agravar la inseguridad en la región. Mientras tanto, la ministra Irene Vélez y el equipo del Ministerio de Ambiente no han emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones, en medio de un clima de incertidumbre que marca el cierre del actual gobierno y deja en vilo el futuro económico de toda una comunidad.
