El presidente electo Abelardo de la Espriella ha decidido nombrar a Alejandro Ordóñez, el exprocurador que en 2013 destituyó e inhabilitó al entonces alcalde Gustavo Petro, como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La información fue revelada por Blu Radio a tan solo tres días de la posesión presidencial, marcando una señal política clara del nuevo gobierno al escoger a una figura con experiencia previa en el organismo y una arraigada trayectoria conservadora.
Ordóñez, quien ya ocupó el mismo cargo diplomático entre 2018 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque, regresa así a la escena internacional para representar al país en debates sobre democracia y derechos humanos. El exprocurador general de la Nación, cargo que ejerció entre 2009 y 2016, ha tenido una carrera marcada por su paso como concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y presidente del Consejo de Estado, antes de ver su reelección en la Procuraduría anulada por irregularidades en 2016.
Decisiones de alto impacto y controversias judiciales
La gestión de Ordóñez al frente del Ministerio Público estuvo caracterizada por decisiones disciplinarias de gran impacto político. Además de la sanción contra Gustavo Petro por la crisis del modelo de basuras en Bogotá, el exprocurador también sancionó a la excongresista Piedad Córdoba en 2010, una medida que posteriormente fue anulada por la justicia. Este caso aún tiene consecuencias para Ordóñez, quien hoy enfrenta un proceso de reparación promovido por la misma Procuraduría, que le exige el pago de 1.674 millones de pesos, con indexación e intereses, por los daños causados. El 27 de diciembre de 2017 ya se consignaron 1.435 millones de pesos a la familia de Córdoba por orden de nulidad, y el caso podría fallarse en el primer semestre de 2026.
«Aceptar un arreglo equivaldría, según sostiene, a reconocer responsabilidad.»
Ruth Stella Correa, defensa de Alejandro Ordóñez
La defensa del embajador designado, encabezada por la exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa, rechaza cualquier conciliación en este proceso, argumentando que un acuerdo significaría admitir culpa. El Consejo de Estado, por su parte, ha enviado cinco oficios a la Corte Suprema, la Fiscalía, el Banco Popular y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá para recaudar pruebas en este litigio. Con este nombramiento, Abelardo de la Espriella apuesta por un diplomático de probada experiencia en la OEA, pero que carga con un historial de controversias que prometen marcar su segunda gestión al frente de la representación colombiana en Washington.
