La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló nuevas pruebas que apuntan a la posible participación de las Farc en el asesinato del exsenador conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. El magnicidio, que también acabó con la vida del acompañante José del Cristo Huertas Hastamorir, habría sido ejecutado por al menos dos sicarios que, según la Sala de Reconocimiento de la JEP, pertenecían a una red urbana de la extinta guerrilla.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll explicó que el cruce de expedientes y el análisis del modus operandi de las estructuras urbanas de las Farc permitieron establecer patrones similares en otros homicidios atribuidos a la organización. Aunque el crimen ocurrió hace tres décadas, las nuevas evidencias refuerzan la hipótesis de que no fue un hecho aislado, sino parte de una modalidad de sicariato que la guerrilla utilizaba en las ciudades sin reclamar la autoría.
Evidencias que vinculan a las Farc
Entre las pruebas documentadas por la JEP figura la declaración juramentada de un infiltrado de la Policía dentro de una red urbana de las Farc, quien ya en 1996 señaló a los responsables del magnicidio. La Sala también revisó computadores incautados a la guerrilla, en los que se encontraron referencias negativas contra Gómez Hurtado, aunque ningún documento que asumiera directamente la autoría. Además, la necropsia del sicario Juan Carlos Palacios, fallecido en 1996, registró una candonga de plata que coincidía con los retratos hablados de uno de los partícipes del crimen.
“Encontramos varios reportes que nos confirman que esta modalidad de crimen la cometían las estructuras urbanas, es decir, asesinatos bajo la modalidad de sicariato en los que no reclamaban su autoría. Tenían sus razones y cada uno de quienes reconocieron estos hechos las expuso. Además, tenemos esos casos documentados porque, en las ciudades, la Fiscalía pudo reconstruir algunos de ellos.”
Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP
La magistrada añadió que “la Sala encontró que el asesinato sí corresponde al modus operandi de la guerrilla en las ciudades, en modalidad sicarial y no reclamado por la organización armada en su momento”. No obstante, la JEP no descarta la participación de otros actores en la planeación intelectual del magnicidio, por lo que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mantienen la competencia para investigar a posibles responsables no cobijados por la jurisdicción.
El nuevo pronunciamiento se da después de que en 2020 antiguos miembros del Secretariado de las Farc reconocieran ante la JEP su responsabilidad en varios homicidios, incluido el de Álvaro Gómez, una afirmación que la familia del exsenador siempre ha rechazado. Frente al móvil, la magistrada descartó un vínculo con las declaraciones de Gómez en los años sesenta sobre las Farc y no descartó una posible relación con el lugar que ocupaba en el mando de Julián Gallo, aunque hasta ahora no hay un motivo claro que explique el crimen.
