Periodista Rocío Adriana defiende a Jorge Alfredo Vargas tras imputación por acoso

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La periodista Rocío Adriana encendió la controversia en redes sociales al salir en defensa del presentador Jorge Alfredo Vargas, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por presunto acoso sexual a cuatro mujeres. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la comunicadora cuestionó el proceso judicial y la condena mediática previa a una sentencia, al tiempo que expresó su preocupación por lo que considera una vulneración a la presunción de inocencia. “Qué miedo hoy ser hombre”, escribió en uno de los apartes más comentados, mientras que en otro tramo se preguntó: “¿Qué es todo este show? ¿Cuatro supuestas víctimas de las cuales 3 no presentan abogado que lleve su caso?”.

La audiencia de imputación se realizó a puerta cerrada en el Juzgado 41 de control de garantías de Bogotá, bajo reserva ordenada por la jueza del caso para proteger la identidad y seguridad de las denunciantes, identificadas como V1, V2, V3 y V4. La fiscal del caso, Patricia Hernández, y la abogada de una de las presuntas víctimas, Ana Bejarano, solicitaron la medida, que fue respaldada por la jueza con una advertencia a todos los intervinientes: “Se advierte como orden de direccionamiento de la presente diligencia a todos los intervinientes, sobre el deber de preservar la confidencialidad de la presente diligencia, y en consecuencia abstenerse de realizar referencias públicas o divulgaciones relacionadas con información personal”. Vargas se declaró inocente de los cargos, mientras que la Fiscalía investiga hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en el contexto laboral del presentador.

Defensa pública y críticas al proceso

Rocío Adriana, quien se ha desempeñado como periodista y ha compartido espacios con Vargas en el medio, centró su defensa en la presunta falta de garantías para el imputado. En su publicación, señaló que ni Vargas ni sus abogados conocen a las denunciantes ni los hechos concretos imputados, y cuestionó que tres de las cuatro presuntas víctimas no cuenten con representación legal. “¿Y el derecho a confrontación también lo van a eliminar? Cuidemos a las supuestas víctimas, pero no a quien hasta hoy no ha sido vencido en juicio”, manifestó en uno de los fragmentos más citados.

«¿Y el derecho a confrontación también lo van a eliminar? Cuidemos a las supuestas víctimas, pero no a quien hasta hoy no ha sido vencido en juicio»

Rocío Adriana, periodista

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes quedaron polarizadas. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Rocío Adriana y defendieron a Vargas, otros exigieron justicia para las denunciantes y recordaron que el caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias de acoso en el periodismo colombiano. Un usuario anónimo respondió a la periodista con un mensaje que también se viralizó: “Las que acusen de acoso sin pruebas deberían afrontar también consecuencias jurídicas y penales”.

Un caso que reaviva el debate

La imputación contra Jorge Alfredo Vargas se suma a otra denuncia reciente de acoso sexual en el gremio, la del presentador Rafael Poveda, lo que intensificó la discusión sobre la legitimidad de los procesos y el impacto de las agendas feministas en el ámbito judicial. El colectivo “Yo te creo, colega” difundió el caso, mencionando a periodistas como Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez, y ha insistido en la necesidad de creer a las víctimas. Sin embargo, la defensa de Vargas y voces como la de Rocío Adriana advierten sobre el riesgo de que la presión social condicione el debido proceso.

La investigación avanza bajo las directrices de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien ha impulsado un enfoque de género en este tipo de casos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles adicionales sobre las denuncias, y la jueza mantiene la reserva absoluta. Mientras tanto, el gremio periodístico observa con atención un caso que, más allá del destino judicial de Vargas, ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: cómo equilibrar la protección a las víctimas de violencia sexual con las garantías procesales de los acusados, en un momento en que la opinión pública suele dictar sentencia antes que los tribunales.

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