La defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta formal al presidente electo Abelardo de la Espriella en la que advierte que varias de las medidas anunciadas por su administración podrían agravar la situación de derechos humanos en el país, en un contexto que ya resulta crítico. La misiva, difundida también a través de un video publicado en las redes sociales de la funcionaria, fue remitida antes de que el mandatario electo asuma el cargo el próximo 7 de agosto de 2026, y en ella se manifiesta una preocupación especial porque algunas decisiones serían adoptadas desde el primer día de gobierno, sin una evaluación previa de sus efectos constitucionales, institucionales y territoriales.
En la comunicación, la Defensora señala que, aunque el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, varias propuestas conocidas a través de los medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos. En ese sentido, Marín hace un llamado a abrir un canal de trabajo de alto nivel entre Presidencia, ministerios y la Defensoría durante los primeros días del mandato para examinar los riesgos y presentar recomendaciones. La funcionaria enfatiza que estas observaciones buscan prevenir retrocesos y contribuir a que las decisiones iniciales del nuevo Gobierno gocen de la legitimidad necesaria que otorga el marco constitucional.
Preocupación por la UNP y la libertad de prensa
Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensora tiene que ver con el anuncio de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como las instancias que lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP, bajo el argumento de un Estado austero. Marín calificó esa desaceleración como desaconsejable y recordó que el Acuerdo es una política de Estado cuyo cumplimiento integral y de buena fe constituye una obligación constitucional para todas las autoridades, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017. Asimismo, la funcionaria objetó la designación de Didier Blanco Rodríguez como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por sus expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios, periodistas, dirigentes políticos y sectores opositores en sus redes sociales. En ese punto, Marín subrayó que la situación resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz.
«Si bien el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, algunas de las propuestas que se han conocido a través de diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos en un contexto que ya es crítico en esta materia. Esta situación merece especial atención porque se ha anunciado que algunas de estas decisiones serán adoptadas desde el primer día de gobierno».
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Protesta social, seguridad y fumigación aérea en la mira
La Defensora también cuestionó el anuncio de derogar el Decreto 003 de 2021 para regresar al modelo del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), recordando que esa norma fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia y que, gracias a las medidas implementadas hasta el momento, se redujeron los niveles de violencia imputables a la fuerza pública en la contención de manifestaciones. En materia ambiental, Marín criticó la posible reanudación de la fumigación aérea con bioherbicidas de última generación, así como la reforma al licenciamiento ambiental, los cambios en la consulta previa y el retorno de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos, y pidió respetar los derechos de participación y consulta previa de comunidades campesinas y pueblos étnicos, además de informar públicamente qué sustancias se usarían en la aspersión aérea.
Frente a la política migratoria, la funcionaria solicitó que la política exterior y consular priorice la protección de los colombianos en el exterior, quienes enfrentan xenofobia, discriminación, detenciones y deportaciones. Finalmente, la Defensora advirtió sobre la polarización extrema, la violencia simbólica, la estigmatización y la difamación que marcaron el proceso electoral, y alertó que asociar a la oposición con la violencia podría incrementar los riesgos para quienes no están de acuerdo con la administración entrante. En particular, Marín consideró riesgosa la distinción hecha por De la Espriella entre periodistas auténticos y activistas, por considerar que podría afectar la libertad de prensa en el país.
