En una contundente revelación durante la rendición de cuentas de Activos por Colombia en Barranquilla, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, denunció la existencia de un complejo entramado de corrupción que operaba al interior de la entidad. Según sus declaraciones, se encontraron inventarios ocultos de bienes que no eran de conocimiento público y redes paralelas que comercializaban estos activos de forma ilegal, al margen de los canales institucionales, con el claro objetivo de apropiarse de recursos que pertenecen al Estado y a las víctimas del conflicto.
La directora explicó que estas estructuras ilegales operaban como una organización paralela, ocultando bienes producto de extinción de dominio y ofreciéndolos a interesados por fuera de los procedimientos establecidos. La gravedad del asunto es tal que, durante un ataque informático a los sistemas de la SAE, estas redes continuaron operando sin interrupción, intentando vender inmuebles mientras la entidad enfrentaba la crisis de seguridad. «Gracias a Dios la información no la tenía Activos por Colombia, porque imagínense ustedes cómo habría sido el daño», señaló Pérez al referirse al impacto que habría tenido el ataque si los datos de la plataforma hubieran estado comprometidos.
Un inventario paralelo al descubierto
La SAE administra actualmente cerca de 38.000 bienes, una cifra que no incluye los activos vinculados a la plataforma digital ni aquellos que permanecían ocultos en este inventario secreto. «Es evidente que había un inventario escondido, un inventario que nadie conocía, solo aquellas mafias que pretendían comprarlo, venderlo, desaparecer los bienes, como se estaba haciendo por todo el país», afirmó la directora, quien llegó a la entidad y se encontró con una realidad mucho más compleja de lo esperado.
«Había, y hay todavía, SAE paralelas que estaban ofreciendo los bienes de la SAE»
Amelia Pérez, directora de la SAE
Las redes paralelas no solo ofrecían los bienes de manera ilegal, sino que además utilizaban información privilegiada para extorsionar o chantajear a las personas interesadas en adquirir propiedades. Pérez fue enfática al señalar que el objetivo de esta administración es publicar todos los bienes disponibles para cerrar los espacios a este tipo de maniobras ilegales. «La idea es que queden todos publicados y que se evite la forma como algunos buscan extorsionar, chantajear y demás a las personas», puntualizó.
Pruebas entregadas a la Fiscalía
Todas las evidencias y documentos recopilados durante la investigación interna fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene en sus manos la responsabilidad de adelantar las investigaciones correspondientes. La directora evitó dar detalles adicionales sobre el contenido de estas pruebas, argumentando que se encuentran en poder del ente investigador y que cualquier información adicional podría entorpecer el proceso.
La directora defendió la creación de Activos por Colombia como una necesidad imperiosa para tener un mayor control sobre los bienes en extinción de dominio y anunció que el Fondo de Reparación comenzará a trabajar conjuntamente con esta nueva entidad. Pérez insistió en que la depuración del inventario, la publicación de todos los bienes y la intervención de la Fiscalía son elementos clave para frenar definitivamente a las redes ilegales que pretenden seguir lucrándose de los recursos del Estado y de las víctimas.
