El gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades en tres contratos millonarios del Estado, que suman más de 370.000 millones de pesos y que involucran al Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Cenit, una filial de Ecopetrol. Las denuncias, radicadas entre el 1 y el 3 de agosto, fueron anunciadas el 4 de agosto, a solo tres días de que el presidente electo se posesione el 7 de agosto en la Arena USC de Cali. El Consejo de Estado, por su parte, rechazó una demanda que buscaba suspender la ceremonia por la doble nacionalidad de De la Espriella, quien posee ciudadanías colombiana, estadounidense e italiana.
El Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, dirigido por Germán Calderón España, consolidó los hallazgos técnicos y jurídicos que sustentan las acusaciones. Uno de los casos más graves es el contrato de sistemas antidrones firmado entre el Ministerio de Defensa y la empresa Codaltec. Según el equipo de empalme, ese convenio presenta un posible sobrecosto de hasta el 85% y un presunto detrimento patrimonial superior a los 20.700 millones de pesos. En el comunicado oficial, el gobierno electo señaló que los equipos fueron entregados “sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.
Contratos bajo la lupa y recursos sin control
Otra de las denuncias se centra en la contratación directa realizada por la UNP, que asciende a 24.800 millones de pesos. De acuerdo con los documentos remitidos a los organismos de control, dicha contratación fue adjudicada pese a que existía una orden judicial que ordenaba su suspensión. El tercer caso involucra a Cenit, filial de Ecopetrol, con un contrato jurídico cercano a los 23.000 millones de pesos, en el que, según la denuncia, se habrían registrado presiones políticas y la eliminación de controles internos. El gobierno entrante advirtió que continuará remitiendo más hallazgos a las autoridades “para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”.
“Para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”
Comunicado del Gobierno electo
Mientras el equipo de empalme anticorrupción avanza con las denuncias, el presidente electo enfrentó un intento judicial de última hora para impedir su posesión. El abogado Luis Guillermo Pérez y otros ciudadanos presentaron una demanda ante el Consejo de Estado argumentando que la doble nacionalidad de De la Espriella, en particular el juramento de fidelidad que prestó a Estados Unidos al adquirir esa ciudadanía en 2023, representa “una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”.
Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó la solicitud de medida cautelar que pedía la suspensión provisional de la ceremonia. El tribunal determinó que la doble nacionalidad no constituye una causal constitucional para impedir que De la Espriella asuma la presidencia. De esta forma, la posesión se mantiene para el 7 de agosto en Cali, siendo la primera vez en la era moderna que un mandatario se posesiona fuera de Bogotá. La polémica también incluyó la negativa del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, a reconocer al futuro mandatario.
