El Gobierno nacional oficializó la delimitación participativa de 314.706 hectáreas del complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz, otorgando plena validez jurídica al proceso tras más de una década de trámites. La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, firmó la Resolución 0960 de 2026, que materializa la protección de este ecosistema estratégico, el más grande del mundo en su tipo. El área delimitada corresponde a casi la totalidad del complejo, que en su conjunto abarca 315.066 hectáreas distribuidas en 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, así como siete localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme.
El proceso de consulta y concertación se desarrolló entre mayo de 2024 y octubre de 2025, con la participación de más de 3.300 personas en siete fases diseñadas para cumplir con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional y el fallo del Juzgado 40. Durante estos meses, se realizaron 72 reuniones virtuales y 56 presenciales, en las que intervinieron 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, además de 183 Juntas de Acción Comunal. La comunidad aportó un total de 3.190 propuestas y observaciones, que fueron integradas en la resolución final, garantizando así la legitimidad del proceso.
Un proceso de participación histórica
La ministra encargada Irene Vélez Torres destacó la magnitud de la participación ciudadana: “Más de 3.300 personas participaron durante estos años en las siete fases del proceso, de acuerdo con lo establecido por la sentencia, así como más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, que hicieron parte de la construcción de esta resolución”. La declaración subraya el carácter inclusivo de la delimitación, que buscó equilibrar la protección ambiental con los derechos de las comunidades que históricamente han habitado el páramo.
«Más de 3.300 personas participaron durante estos años en las siete fases del proceso, de acuerdo con lo establecido por la sentencia, así como más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, que hicieron parte de la construcción de esta resolución.»
Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Representantes de la Coordinadora Regional Campesina del Sumapaz también se pronunciaron al respecto: “La delimitación participativa es fruto de décadas de defensa del territorio. Reconoce nuestros saberes, nuestra relación histórica con el páramo y la necesidad de construir paz y sostenibilidad desde las comunidades”. Esta declaración refleja el sentir de las comunidades que durante años exigieron ser escuchadas en la definición de los límites del páramo.
«La delimitación participativa es fruto de décadas de defensa del territorio. Reconoce nuestros saberes, nuestra relación histórica con el páramo y la necesidad de construir paz y sostenibilidad desde las comunidades.»
Representantes de la Coordinadora Regional Campesina del Sumapaz
Impacto ecológico y social
El complejo Cruz Verde–Sumapaz, compuesto por los páramos Cruz Verde, Las Ánimas, Las Mercedes, El Clavo, Andabobos, Clarín, El Cajón y Los Tambos, alberga una biodiversidad excepcional. Se han registrado 860 especies de plantas, de las cuales 670 son vasculares y 98 endémicas, lo que representa el 20 % de la flora de páramo del país. En cuanto a fauna, el área concentra el 17 % de los mamíferos de Colombia, el 51 % de las aves restringidas de páramo y el 18 % de los anfibios de alta montaña. Además, este ecosistema es vital para el abastecimiento de agua: 16 acueductos veredales benefician a unas 16.000 personas en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, mientras que en Pasca se atiende a 3.347 familias y se mantienen distritos de riego en Cundinamarca, Huila y Meta.
La delimitación, que mantiene la continuidad de las actividades agropecuarias tradicionales de las comunidades, prohíbe de manera estricta la minería y la explotación de hidrocarburos. Las autoridades ambientales ahora tienen un plazo de tres años para zonificar el territorio y definir el régimen de usos, así como para formular e implementar el Plan de Manejo Ambiental con participación comunitaria. Los temas centrales abordados durante el proceso incluyeron la delimitación misma, los lineamientos para la reconversión de actividades prohibidas, la fiscalización, la protección de fuentes hídricas, la creación de instancias de coordinación y los modelos de financiación. Con esta resolución, el Gobierno cumple con el mandato judicial y protege la principal reserva de agua del país, blindando a millones de habitantes y a una de las biodiversidades más ricas del planeta.
