El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reveló ante la Corte Suprema de Justicia que alertó al mandatario sobre la inminente suspensión que enfrentaba la exrepresentante Gloria Arizabaleta, dos días antes de que esta fuera formalizada mediante el Auto 002. Según Carranza, la advertencia ocurrió tras una serie de reuniones con Arizabaleta, quien buscaba un acuerdo político para favorecer denuncias contra Petro a cambio de beneficios. El encuentro clave se produjo el 8 de julio en un local de comidas rápidas en Bogotá, coordinado por Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusaciones, donde se habría discutido la estrategia para la suspensión.
Durante su declaración, Carranza detalló que Petro reaccionó calificando a Arizabaleta como “extorsionista” y le ordenó tomar cartas en el asunto, mientras el entonces ministro de Hacienda se oponía a cualquier negociación. El abogado enfrenta ahora posibles sanciones disciplinarias y penales por mantener contacto indebido con la investigadora durante más de seis meses, lo que añade una capa de complejidad al caso. La información anticipada permitió a Petro desplegar recursos legales, incluyendo solicitudes de aclaración, nulidad y una eventual tutela, antes de que la decisión de suspensión se hiciera pública.
El trasfondo de la suspensión y las acusaciones cruzadas
La suspensión de Gloria Arizabaleta, anunciada mediante el Auto 002, fue una decisión tomada de manera individual por ella, sin consenso en la Comisión de Acusaciones, según fuentes del organismo. Este hecho ha sido interpretado como un movimiento político que buscaba debilitar al presidente Petro, en medio de su campaña por la reelección. Carranza afirmó que Arizabaleta le propuso un pacto para modificar el curso de las investigaciones en su contra, lo que él consideró un acto de presión. “Le dije que ella estaba diciendo que la siguiente semana iba a citar justo unos días antes de la elección y que eso tenía que arreglarse. Entonces el ministro de Hacienda dijo que no, y el presidente de inmediato dijo: ‘ella es una extorsionista’ y me pidió que tomara cartas en el asunto”, declaró el abogado ante la corte.
“Le dije que ella estaba diciendo que la siguiente semana iba a citar justo unos días antes de la elección y que eso tenía que arreglarse. Entonces el ministro de Hacienda dijo que no, y el presidente de inmediato dijo: ‘ella es una extorsionista’ y me pidió que tomara cartas en el asunto”.
Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro
El escándalo ha puesto en el centro de la controversia la independencia de la Comisión de Acusaciones, mientras Carranza intenta justificar sus acciones como parte de la defensa presidencial. Por su parte, Petro ha negado cualquier irregularidad, calificando la suspensión como un “montaje” de sus adversarios. Las pruebas presentadas por Carranza incluyen mensajes y un borrador de la providencia, los cuales serán evaluados por la Corte Suprema para determinar si existió un delito de tráfico de influencias o prevaricato. Este caso no solo afecta la credibilidad del sistema de justicia colombiano, sino que también amenaza con polarizar aún más el panorama político de cara a las próximas elecciones.
