La Superintendencia Nacional de Salud anunció que instaurará una denuncia penal en contra de la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, por los delitos de injuria, calumnia y violencia contra servidor público. La decisión se tomó luego de que la funcionaria pusiera en duda la veracidad de los hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales que el superintendente Daniel Quintero reveló sobre la Gobernación de Antioquia, en el marco de una auditoría ordinaria de la entidad.
La Supersalud respondió mediante un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica las declaraciones de Solano, asegurando que sus afirmaciones “carecen de fundamento” y que los hallazgos están respaldados por “evidencia documental, financiera y jurídica”. La denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la Nación, y el informe de la auditoría será remitido también a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que evalúen las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El origen del conflicto se remonta a la denuncia del superintendente Daniel Quintero, quien advirtió sobre una presunta malversación de recursos, irregularidades en la transferencia de dinero del Sistema General de Participaciones y actos de negligencia que habrían derivado en la muerte de pacientes, entre ellos dos menores de edad indígenas, una de ellas embarazada. En total, la Supersalud identificó 23 hallazgos administrativos, 6 disciplinarios, 4 fiscales y 3 penales contra la Gobernación de Antioquia. La secretaria Solano, en declaraciones a Teleantioquia, cuestionó estos señalamientos y afirmó que su despacho no había recibido ninguna notificación de auditoría por esos hechos, al tiempo que señaló que las fallas en la atención se debían a las EPS intervenidas, como Sabia Salud y Coosalud, y no a la administración departamental.
“Quiero hacer un llamado de atención especial de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Sabia Salud y Coosalud, intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios”.
Alma Solano, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia
La respuesta de la Supersalud no se hizo esperar. En su comunicado, la entidad subrayó que la información contenida en el informe de auditoría “no obedece a criterios políticos ni coyunturales, sino a un ejercicio ordinario de inspección, vigilancia y control sobre el uso de los recursos y demás rentas destinadas a la salud pública departamental”. La Superintendencia reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de los usuarios, y advirtió que continuará ejerciendo sus funciones en todo el territorio nacional “sin distinción de filiación política o territorial”.
Por su parte, la secretaria Alma Solano aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial de auditoría por los hechos denunciados y que su despacho presentará todos los soportes necesarios para desvirtuar los señalamientos fiscales y demostrar un manejo transparente de los recursos del sistema de salud en Antioquia. La secretaria también reportó que, en lo corrido de 2026, su despacho ha identificado “más de 50 situaciones” que involucran a EPS intervenidas por la Supersalud, lo que evidencia, según ella, que el problema de fondo está en las aseguradoras y no en la administración departamental.
