La senadora Ana Paola García denunció una posible «masacre laboral» en la mina Cerro Matoso, ubicada en el departamento de Córdoba, tras la suspensión masiva de más de 500 contratos laborales, una medida que, según la congresista, afecta directa e indirectamente a cerca de 10.000 personas. La denuncia se conoce en medio de la crisis operativa que la empresa reportó desde comienzos de julio por restricciones en el suministro de gas natural, lo que obligó a reducir la producción en un 25% y a operar actualmente al 75% de su capacidad.
La empresa invocó una presunta causal de fuerza mayor para suspender los contratos, argumentando que las limitaciones en el suministro de gas natural han impedido mantener la operación normal. La senadora, alarmada por el impacto social y económico en la región, pidió a las autoridades laborales revisar si se cumplen las condiciones legales para aplicar esa figura y, sobre todo, garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. «La situación que viven hoy los trabajadores de Cerro Matoso es alarmante. Estamos hablando de más de 500 contratos suspendidos y de miles de personas que dependen de esta operación para su sustento», afirmó García.
Crisis por gas natural y amenaza de cierre indefinido
La crisis energética que afecta a Cerro Matoso se agravó en las últimas semanas. La empresa advirtió que, si las restricciones de gas persisten, sería necesario detener de manera indefinida una de sus dos líneas de producción, lo que profundizaría el impacto laboral. La reducción progresiva de la producción, que comenzó en julio, ya había generado incertidumbre entre los trabajadores contratistas y proveedores que dependen de la mina. La suspensión de contratos no solo afecta a los empleados directos, sino a toda una cadena de familias y comunidades que tienen en la actividad minera su principal fuente de ingresos en Córdoba.
«Es necesario que las autoridades determinen si se cumplen las condiciones para invocar la fuerza mayor y, sobre todo, que se garantice la protección de los derechos de los trabajadores»
Ana Paola García, senadora de la República
La senadora anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación e impulsará acciones para defender el empleo en la región. La discusión se concentra en dos frentes: la continuidad operativa de la mina ante las limitaciones de gas y la protección de los derechos laborales de los cientos de trabajadores afectados. Mientras tanto, la comunidad y los sindicatos esperan una respuesta de las autoridades laborales y del Ministerio de Minas y Energía para evitar que la crisis se convierta en una masacre laboral de proporciones catastróficas para Córdoba.
