La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, denunció que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, estarían evaluando la demolición del Monumento a la Resistencia, conocido como “La Mano” de Puerto Resistencia, ubicado en el oriente de la ciudad. En paralelo, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocar la licencia urbanística que ampara la estructura, expedida mediante la Resolución No. 9183 de 2021, durante el paro nacional de ese año.
El monumento fue levantado por manifestantes y organizaciones sociales en medio de las protestas que sacudieron al país en 2021, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de la lucha social, pero también en un foco de controversia. Ahora, mientras el Tribunal estudia las peticiones del Ministerio Público, Carrascal advierte que derribarlo sería un acto autoritario de borramiento histórico, y sostiene que los movimientos sociales y los sectores populares también construyen ciudad y tienen derecho a inscribir su memoria en ella.
Las objeciones a la licencia urbanística
La Procuraduría presentó dos peticiones concretas ante el Tribunal: revocar la sentencia que negó la nulidad de la licencia y, de paso, anular el permiso de construcción otorgado al monumento. El concejal de Cali, Andrés Escobar, quien ha liderado la acción judicial contra la estructura, celebró el concepto del ente de control al afirmar que la Procuraduría les dio la razón. Escobar esgrime tres argumentos centrales: la licencia fue expedida después de que la obra ya estaba construida, lo cual considera una irregularidad; el monumento se encuentra sobre el trazado del sistema de transporte masivo MIO; y no se realizó la consulta previa a Metro Cali, lo que generó cambios en el diseño y costos adicionales para el Distrito.
“Instalaron la mano y después salió la licencia. Por lógica, no se puede expedir una licencia de construcción a algo que ya está construido”, afirmó el concejal Escobar, quien además denunció que Planeación Distrital omitió considerar el proyecto del MIO antes de expedir la resolución.
Andrés Escobar, concejal de Cali
La defensa del monumento y la advertencia política
Frente a las versiones de una posible demolición, la representante Mafe Carrascal lanzó duras críticas contra el alcalde Eder y el presidente electo Abelardo de la Espriella, a quienes instó a entender que sus adversarios no son enemigos que deban desaparecer y que no existen interlocutores legítimos cuando se opta por la eliminación de símbolos de protesta. Carrascal insistió en que Cali y Colombia también pertenecen a quienes quieren defender y potenciar el legado democrático y redistributivo de la Constitución de 1991, y advirtió que la decisión de retirar el monumento sería un acto autoritario de borramiento histórico.
“Derribarlo sería un acto autoritario de borramiento histórico. Los movimientos sociales y los sectores populares también construimos ciudad y tenemos derecho a inscribir nuestra memoria en ella”, declaró la congresista.
Mafe Carrascal, representante a la Cámara
Reacciones encontradas en redes sociales
Mientras el proceso judicial sigue su curso, ciudadanos han expresado opiniones divididas en redes sociales. Algunos critican que la zona donde se erige la mano se ha convertido en un punto peligroso, con expendio de drogas y grupos de consumo, especialmente en horarios nocturnos. Otros, en cambio, defienden el monumento como un ícono de la resistencia social y advierten que su destrucción solo profundizaría la fractura política. Incluso hay quienes, de forma provocadora, han sugerido que los propios defensores de la estructura deberían destruirla para no dar papaya al nuevo gobierno, en alusión a la llegada de Abelardo de la Espriella a la Alcaldía.
La decisión final sobre el futuro del Monumento a la Resistencia recaerá en los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que deberán pronunciarse sobre las solicitudes de la Procuraduría y la demanda de nulidad presentada por el concejal Andrés Escobar. Mientras tanto, la polémica entre quienes ven en la mano un homenaje a la protesta legítima y quienes la consideran una obra ilegal y símbolo de desorden urbano sigue abierta.
