El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por David Fernando Cano Mazuera, que pretendía suspender el traslado de la sede del Congreso a Cali y la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC. El fallo, emitido el 6 de agosto, consideró que las entidades accionadas —Congreso de la República, Senado, Cámara de Representantes, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Cali— cumplieron de manera preliminar con los requisitos legales y administrativos para llevar a cabo el evento.
El demandante había alegado falta de acreditación documental sobre la aprobación legislativa del traslado, la ejecución presupuestal y las condiciones de seguridad. Sin embargo, el tribunal verificó que las corporaciones públicas aprobaron el cambio de sede con votaciones nominales y cuórum documentado, cuyas sesiones plenarias del 28 y 29 de julio de 2026 quedaron registradas en video en los canales de YouTube de la Cámara y el Senado. Además, los contratos de logística y producción —el contrato 554-26 por 3.500 millones de pesos y el contrato 555-26 por 2.450 millones de pesos— están respaldados por certificados de disponibilidad presupuestal expedidos antes de la definición de la sede en Cali, con partidas de la administración saliente.
Seguridad y planes de contingencia
El Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Cali y las Fuerzas Militares certificaron planes de contingencia, incluida la activación del plan “Atenea” para atender posibles protestas, con un despliegue de aproximadamente 11.000 efectivos de seguridad. El auto judicial señala que los elementos aportados —actas, videos, contratos y planes de seguridad— eran suficientes y que no existía una amenaza inminente a los derechos colectivos invocados por el demandante, como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad, la salubridad, la transparencia y el control ciudadano.
«Los gastos aprobados para la posesión presidencial son razonables y se encuentran sustentados en estudios previos»
Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El tribunal también indicó que la falta de algunos documentos puntuales, como las actas definitivas o los permisos de uso del escenario, no representa una amenaza actual, grave ni inminente. Asimismo, recordó que el proceso para obtener información pública debe seguir los procedimientos ordinarios y no mediante medidas cautelares. La Procuraduría General de la Nación, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y la Alcaldía de Cali se opusieron a la solicitud, argumentando que no se demostró una amenaza real que justificara la suspensión del evento.
