El saliente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habría duplicado su esquema de seguridad personal y familiar mediante una resolución firmada por el director encargado, Javier Francisco Rincón, el pasado 31 de julio de 2026, sin que el documento exponga las justificaciones técnicas que motivaron la medida. La resolución, expedida cuando Rodríguez aún se encontraba en el cargo y durante una incapacidad médica del director, asigna un esquema de protección excepcional compuesto por seis escoltas, dos vehículos blindados y un chaleco para Rodríguez y su núcleo familiar, con una vigencia inicial de doce meses. Esta asignación supera ampliamente los estándares habituales para exdirectores de la UNP, que contemplan tres escoltas, un vehículo blindado y un periodo máximo de seis meses.
El documento oficial, firmado por Rincón, no detalla los motivos de riesgo ni los criterios que justificaron la recomendación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que es el organismo encargado de evaluar las amenazas y sugerir las protecciones correspondientes. Fuentes internas de la UNP consultadas por este diario señalaron que no existe una explicación técnica para duplicar el esquema sin justificación alguna, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y el uso discrecional de los recursos públicos en la entidad. “Al dejar el cargo se autoriza un esquema integrado por un vehículo blindado y tres escoltas, en un tiempo de seis meses o un poco más, pero no un año. En el caso de Rodríguez, sin embargo, el esquema fue duplicado sin explicación alguna”, afirmaron las fuentes.
Un costo millonario para los contribuyentes
El costo mensual estimado de un esquema básico de protección ronda los 50 millones de pesos, pero los recursos asignados a Rodríguez y su entorno podrían alcanzar entre 700 y 800 millones de pesos al mes, según cálculos internos. Esta cifra se suma a los 800 millones de pesos mensuales que, según reportes de mayo de 2024, ya se destinaban a esquemas especiales para directivos y administrativos de la UNP, una práctica que había sido cuestionada por presuntas irregularidades. En marzo de 2023, una directiva firmada por el propio Rodríguez aumentó los esquemas de protección para varios funcionarios administrativos, incluyendo la asignación de vehículos blindados, lo que evidencia un patrón de decisiones sin sustento técnico.
La revelación de esta resolución ocurre a un día de que el presidente Gustavo Petro y su equipo salgan del Ejecutivo, lo que añade un contexto de alta sensibilidad política. La UNP, adscrita al Ministerio del Interior desde 2011, tiene la misión de proteger a personas y comunidades en riesgo, pero este caso pone en entredicho la imparcialidad y el rigor técnico de sus decisiones. El Cerrem tiene la facultad de modificar las medidas en cualquier momento, pero el documento firmado por Rincón no explica los fundamentos de riesgo que motivaron la recomendación original, lo que deja interrogantes sobre un posible conflicto de interés.
Augusto Rodríguez, quien no ha respondido a las consultas sobre los motivos de esta decisión, habría beneficiado no solo a su persona, sino también a su núcleo familiar, con un esquema de protección que duplica el estándar para exdirectores de la UNP. La falta de justificaciones técnicas y la premura de la resolución, firmada justo antes de su salida, generan preocupación sobre el uso de recursos públicos en beneficio de altos funcionarios salientes, un asunto que los contribuyentes terminan costeando sin conocer las razones reales de la medida.
