En una operación que marca un hito en la lucha contra el crimen transnacional, cinco colombianos fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico, lavado de activos y de brindar apoyo logístico al Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante el desvío de armamento procedente del régimen sirio de Bashar al-Assad. Los señalados, Wilmar Cortés Hurtado, Helmer Hurtado Hurtado, Wisam Nagib Kherfan Okde, Alirio Rafael Quintero Quintero y Jacob Estenyer Jory Salazar, fueron puestos a disposición de la Corte del Distrito Este de Virginia, en un traslado que se realizó en un vuelo chárter con estrictas medidas de seguridad, bajo la custodia del U.S. Marshals Service.
Este grupo de procesados estableció una red que contactó directamente con el régimen de Bashar al-Assad para desviar armamento militar hacia el ELN. A cambio de las armas, la organización criminal recibía cocaína como forma de pago, en un esquema que funcionó entre 2024 y 2025. Para ocultar las transacciones y blanquear los millonarios capitales, los extraditados recurrieron al uso de criptomonedas y maniobras financieras en países como Ghana y Marruecos. Jacob Estenyer Jory Salazar, quien fungía como coordinador de los envíos de cocaína, utilizaba un complejo entramado logístico que incluía lanchas rápidas, buques portacontenedores, semisumergibles y aeronaves para llevar la droga a Estados Unidos y México.
Segundo grupo de extraditados refuerza la ofensiva contra el crimen organizado
Tan solo días después, el 8 de mayo de 2026, un segundo grupo de cinco colombianos fue extraditado hacia el Distrito Este de Texas. Este contingente está conformado por Jaider Díaz Carabalí, conocido como “El Papá”; Adrián Nolberto Caicedo Villareal, alias “El Obispo”; Alfonso Meléndez Ballesteros, apodado “Poncho”; Enisberto José Maestre Fernández y Jairo León Gómez Urrego. Todos ellos enfrentan cargos por tráfico y fabricación de drogas, así como por concierto para delinquir. Las autoridades señalaron que esta organización operaba en regiones estratégicas como el Pacífico, Urabá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia, con estrechos vínculos con el Clan del Golfo.
La Fiscalía detalló que Jaider Díaz Carabalí lideraba una estructura criminal en el Pacífico y Urabá que, además de sus nexos con el Clan del Golfo, involucraba a exfutbolistas en sus operaciones. Por su parte, Adrián Nolberto Caicedo Villareal utilizaba comunidades indígenas en los departamentos de Cauca y Nariño para ocultar laboratorios de procesamiento de droga. Alfonso Meléndez Ballesteros es señalado de cobrar “vacunas” por el uso de rutas de narcotráfico en Norte de Santander y Antioquia. En este grupo destaca la presencia de Enisberto José Maestre Fernández, un abogado acusado de obstrucción a la justicia, y Jairo León Gómez Urrego, relacionado directamente con envíos de cocaína a territorio estadounidense.
Cooperación internacional y nuevas tecnologías
Estas extradiciones son el resultado de una profunda investigación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Interpol y las autoridades judiciales de Estados Unidos. Los seguimientos incluyeron el rastreo de transacciones con criptomonedas y complejas maniobras financieras que abarcaron varios continentes, demostrando la sofisticación de las redes criminales. La entrega formal de los diez procesados se realizó en la sede de la Oficina Central Nacional Interpol Colombia en Bogotá, desde donde partieron hacia sus respectivos destinos judiciales en Virginia y Texas. Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar de manera significativa las estructuras criminales transnacionales que han encontrado en la conexión entre el narcotráfico colombiano, el ELN y regímenes extranjeros un lucrativo y peligroso modelo de negocio.
