Dos fallos judiciales recientes han encontrado indicios sólidos de acoso laboral y maltrato contra Laura Patricia García Mejía, exdirectora de Cooperación Internacional de la Cancillería colombiana y madre de la senadora María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico. Las decisiones judiciales, emitidas por dos juzgados distintos, determinaron que existió un patrón de trato hostil y descalificador hacia varias contratistas de la entidad, lo que llevó a ordenar medidas de protección que incluyen apartar a García Mejía de la supervisión directa de las afectadas y designar un supervisor independiente para sus funciones.
Las denuncias, presentadas por múltiples contratistas, llevaron a que un juez considerara que las conductas evidenciadas superan cualquier estándar aceptable en la función pública, afectando la dignidad humana, la salud mental y la integridad personal de las trabajadoras. El caso ha cobrado especial relevancia luego de que el pasado 30 de julio de 2025, el nombre de García Mejía apareciera en el portal de aspirantes de la Presidencia para ocupar un cargo de asesor grado 16 en la Cancillería, lo que incrementó la controversia en el ámbito político y administrativo.
Pruebas de un trato degradante
De acuerdo con los fallos judiciales, las pruebas que sustentaron la decisión incluyen mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y registros de audio que evidencian un trato infantilizante y descalificador hacia las contratistas. El juez hizo especial énfasis en una expresión particularmente grave: «si le dicen que se suicide, pues no lo hace», una frase que, según la citación judicial, involucró de forma directa la conducta suicida como reproche institucional. Las contratistas denunciaron además que eran requeridas para tareas completamente ajenas a sus contratos, como la coordinación de viajes, reservas hoteleras, trámites migratorios y diligencias personales, además de estar sujetas a disponibilidad permanente fuera del horario laboral a través de aplicaciones de mensajería.
Una de las demandantes reportó episodios de ansiedad y problemas médicos asociados al estrés generado por el ambiente laboral, mientras que otra afirmó haber buscado sin éxito medidas preventivas a través de los canales internos de la Cancillería antes de recurrir a la vía judicial. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, confirmó que recibió quejas de las contratistas, trasladó la información a la Oficina de Control Interno Disciplinario y promovió la reubicación de quienes solicitaron cambios de área.
«Los elementos de juicio aportados revelan la utilización de un trato infantilizante y descalificador y, con especial gravedad, el empleo de expresiones que involucraron de forma directa la conducta suicida como reproche institucional: ‘si le dicen que se suicide, pues no lo hace'»
Juzgado, Fallo judicial
Controversia y negaciones
García Mejía ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que detrás de las denuncias existe una campaña para desprestigiar su nombre y afectar su carrera profesional. De manera paralela, la Cancillería negó cualquier incumplimiento en el pago de honorarios a las contratistas, argumentando que las responsabilidades económicas fueron atendidas en tiempo y forma. El seguimiento judicial y administrativo del caso continúa abierto, mientras el nombre de la exdirectora sigue siendo tema de debate en los círculos políticos y laborales de la capital, especialmente tras su reciente aparición en el portal de aspirantes presidenciales para un cargo de asesoría en la misma entidad donde ocurrieron los hechos denunciados.
