La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un balance que abarca desde agosto de 2022 hasta julio de 2026, correspondiente al cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro, revelando una realidad alarmante para el gremio periodístico en Colombia. El informe documenta 2.003 ataques dirigidos contra 870 periodistas en todo el territorio nacional, incluyendo 10 asesinatos, de los cuales nueve estuvieron directamente vinculados al ejercicio del periodismo. La conclusión principal de la FLIP es que, a pesar de la promesa inicial del mandatario de cesar la persecución estatal contra la prensa, informar continuó siendo una actividad de alto riesgo en el país.
El análisis detallado de la FLIP señala que los principales agresores fueron los grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y diversas bandas criminales, responsables de 378 ataques, de los cuales 300 fueron amenazas directas. Sin embargo, la fundación también advierte que la relación entre el gobierno y un sector de la prensa estuvo marcada por la confrontación pública. Durante el periodo se registraron 226 episodios de estigmatización contra periodistas y medios, de los cuales 19 fueron atribuidos directamente al presidente Gustavo Petro. La FLIP critica que esta estigmatización presidencial persistió incluso después de la emisión de la Directiva 007 de 2024, un instrumento que buscaba precisamente regular y evitar ese tipo de señalamientos desde el Ejecutivo.
Deudas en protección y política de paz
El balance de la organización no solo se centró en los ataques y la estigmatización, sino que también evaluó las respuestas institucionales. La FLIP concluye que el Estado colombiano sigue sin responder de manera adecuada a los riesgos que enfrenta el oficio periodístico, y que la impunidad persiste cuando un comunicador es agredido. Un punto crítico señalado por la fundación es la política de paz total del gobierno Petro, la cual, según el informe, no incorporó medidas específicas de protección para la prensa en las mesas de diálogo con los actores armados. A pesar de este panorama, el reporte reconoce algunos avances en materia de justicia internacional y en los procesos de reparación para víctimas de agresiones al periodismo, mencionando casos emblemáticos como los de Julio Daniel Chaparro, Jorge Enrique Torres y Guillermo Cano Isaza, así como la consolidación de 20 emisoras de paz en zonas priorizadas del país.
«El balance también concluye que el Estado sigue sin responder de manera adecuada a los riesgos del oficio ni a la impunidad que persiste cuando un periodista es agredido».
Informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
La FLIP enfatiza que, en promedio, cada dos días un periodista fue amenazado en Colombia durante el cuatrienio, una cifra que refleja la persistencia de la violencia contra los comunicadores. Con estos datos, la organización subraya que la deuda del Estado colombiano con la protección del periodismo sigue vigente, independientemente de los cambios en la administración gubernamental, y que los riesgos para quienes ejercen esta labor se mantuvieron e incluso se profundizaron en ciertos aspectos durante el gobierno de Gustavo Petro.
