Tres agresores que golpearon a un guardia anticolados de TransMilenio en la noche del 31 de julio de 2026 continúan en libertad, según denunció el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda. El ataque ocurrió en la estación Universidades-City U del sistema de transporte masivo, cuando el vigilante reclamó a las personas señaladas por presuntamente ingresar sin pagar. A la fecha, los responsables no han sido capturados ni judicializados, lo que ha generado una fuerte crítica por parte del cabildante hacia la falta de acción de las autoridades.
Avellaneda cuestionó duramente que la respuesta institucional tienda a normalizar estos episodios de violencia, al punto de calificarlos como simples accidentes laborales. “Un puñetazo en la cara es un accidente laboral. ¿A dónde hemos llegado?”, expresó el concejal, quien también afirmó que “ningún trabajador debe exponerse a golpes por cumplir con su deber”. En un llamado directo a la administración distrital, Avellaneda exigió: “Le hago el llamado al señor alcalde, a la persona que está gerenciando TransMilenio: detengan esto, por favor”.
Las dificultades para la judicialización
Desde el ámbito legal, el abogado penalista Cristian Camilo Salazar Reyes explicó que la captura de los agresores solo procede si se dan en flagrancia o mediante una orden judicial. Sin embargo, advirtió que deben cumplirse estrictas garantías procesales, lo que en la práctica puede retrasar o impedir las detenciones. “Sin estos requisitos, la captura será considerada ilegal y dará lugar a la libertad inmediata de la persona”, señaló el jurista. “Lo que existe es la necesidad de aplicar las reglas de juego claras. Entonces, volviendo al caso en concreto, que si se presentan los presupuestos de flagrancia, que se proceda a la captura inmediata, pero que adicionalmente satisfagan las garantías”, añadió Salazar Reyes, quien detalló que tras una captura, el detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo de 36 horas para la audiencia de legalización.
“La violencia debe ser investigada, sancionada y prevenida”
Jairo Avellaneda, concejal de Bogotá
Ante los hechos, TransMilenio indicó en un reporte que adelanta las investigaciones correspondientes frente a las personas involucradas en las agresiones y reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar la labor de los vigilantes, promover la cultura ciudadana y evitar hechos de violencia. La empresa también informó que ha promovido las denuncias respectivas y ha acompañado a los trabajadores afectados en su proceso de recuperación.
La situación de inseguridad en el sistema se agrava por la precariedad en la vigilancia. La concejala Diana Diago advirtió que menos de 300 uniformados deben custodiar 138 estaciones y 9 portales del sistema, lo que equivale a un agente por cada 10.000 pasajeros. Esta baja capacidad de respuesta física, combinada con los vacíos procesales que dificultan las capturas, ha generado un ambiente de impunidad que, según denuncian los cabildantes, pone en riesgo la integridad de los trabajadores que cumplen con su deber de hacer respetar las normas del transporte público en la capital.
