La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta radicó un proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para la contratación interadministrativa en Colombia, con el objetivo de cerrar el paso a los denominados “contrataderos”, entidades que obtienen contratos directos con el Estado y luego tercerizan su ejecución, generando malversación de recursos públicos. La iniciativa, que será tramitada en la Comisión Séptima del Senado, propone modificar el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para exigir a los contratistas acreditar idoneidad, conocimiento técnico, capacidad instalada, capacidad económica y experiencia comprobada antes de ejecutar contratos directos. Además, se crea un registro público administrado por Colombia Compra Eficiente que examinará qué entidades cumplen las condiciones para ser contratistas en esta modalidad.
La contratación interadministrativa es una modalidad de contratación directa entre entidades públicas, actualmente regulada por la Ley 80 de 1993. Según la senadora Zuleta, esta figura ha sido utilizada por empresas que, por su naturaleza jurídica, pueden contratar de manera directa con cualquier entidad del Estado, pero luego buscan a un tercero para que ejecute las obras. “En esa tercerización se violan todos los principios de contratación estatal, porque se pierde la libre competencia, se pierde transparencia, porque no se le puede ya hacer el mismo nivel de seguimiento a la ejecución de los recursos del Estado y, en muchos casos, esa platica se pierde”, afirmó la congresista.
“Hay que acabar con los contrataderos”
La senadora Zuleta explicó que el proyecto no busca eliminar la contratación interadministrativa, sino fortalecerla con controles más estrictos. “Por eso estoy radicando este proyecto de ley que busca fortalecer la contratación administrativa, no para eliminarla, porque es una vía útil para el Estado, pero sí para garantizar que las empresas que contratan de manera directa con el Estado deban demostrar la idoneidad, la experiencia, la suficiencia financiera, las capacidades para ejecutar de manera directa ese contrato”, señaló. La iniciativa cuenta con respaldo de diferentes fuerzas políticas y será estudiada por la Comisión Séptima del Senado.
“Este proyecto le pone un límite a la intermediación contractual, da más elementos de transparencia para poder vigilar todos los recursos públicos que se ejecutan y, por supuesto, facilita o garantiza que haya libre competencia, libre concurrencia y selección objetiva a la hora de entregar los contratos”.
Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático
Según datos del Ministerio del Trabajo, el Estado colombiano cuenta con un estimado de 900.000 a 1.000.000 de contratistas bajo modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión a nivel nacional y territorial. La contratación pública y las compras estatales equivalen tradicionalmente entre el 10% y el 12,5% del PIB, según el Departamento Nacional de Planeación. La senadora Zuleta fue enfática al señalar que “hay que acabar con los contrataderos”, refiriéndose a las entidades que, por su naturaleza jurídica, pueden contratar de manera directa con cualquier entidad del Estado a través de contratos interadministrativos, y luego tercerizan la ejecución, violando los principios de libre competencia, transparencia y selección objetiva. Con esta propuesta, se busca garantizar que los recursos públicos se ejecuten con mayor control y eficiencia, cerrando el paso a prácticas que han generado clientelismo y pérdida de recursos.
