En una movida de último minuto que ha tomado por sorpresa al sector, el Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0991 de 2026, fechado el pasado 4 de agosto, para reglamentar la afiliación a seguridad social de los repartidores de plataformas digitales en Colombia. La norma, que desarrolla artículos clave de la Ley 2466 de 2025, fue firmada a menos de 24 horas de que concluyera el mandato presidencial, que finaliza el 7 de agosto, y establece que el Ingreso Base de Cotización (IBC) será el 40% de los ingresos del trabajador. Sin embargo, el punto más polémico es que si ese 40% resulta inferior a un salario mínimo, la cotización se hará forzosamente sobre esa base mínima, actualmente fijada en 2.000.000 de pesos.
La reacción del gremio no se hizo esperar. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza IN, la agrupación que representa a las principales plataformas de reparto en el país, lanzó una dura crítica al asegurar que «con este decreto, el Gobierno borra con el codo lo que entre muchos escribimos con la mano». La organización estima que más de 200.000 repartidores se verán potencialmente afectados por la medida, la cual, según López, desconoce el consenso construido entre 2023 y 2025. «Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno para que derogue este decreto con urgencia», añadió el dirigente gremial en declaraciones exclusivas.
Las asimetrías del nuevo esquema de cotización
El decreto mantiene el esquema de aportes donde el 60% de la cotización a salud y pensión corre por cuenta de la empresa y el 40% restante es asumido por el trabajador. En materia de riesgos laborales, el 100% queda a cargo de la plataforma. No obstante, el mecanismo de cálculo del IBC es el que ha generado mayor controversia. Alianza IN advierte que la norma obliga a cotizar sobre un salario mínimo completo incluso si el repartidor genera ingresos considerablemente menores. Por ejemplo, si un trabajador gana 500.000 pesos en un mes en una plataforma, su IBC teórico debería ser el 40% de esa cifra, es decir, 200.000 pesos, pero al ser inferior al piso mínimo, la cotización se calculará sobre los 2.000.000 de pesos. Esto implica un costo desproporcionado que el gremio calcula en cerca de 76.000 pesos solo para riesgos laborales, incluso si el trabajador realizó un único pedido en el mes.
«¿Qué harán los repartidores? Tratar de generar ingresos inferiores a un salario mínimo en cada plataforma para aminorar semejante asimetría en sus costos en seguridad social»
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza IN
La controversia radica en que esta estructura podría desincentivar a los repartidores a generar mayores ingresos, justo en el sentido opuesto al que busca la ley. La norma fue expedida bajo el argumento de garantizar progresividad y acceso efectivo a la protección social para una población que, según el Gobierno, percibe ingresos precarios. Sin embargo, Alianza IN señala que más del 80% de los repartidores dedican 20 horas mensuales o menos a esta actividad en una sola aplicación, lo que hace inviable la obligación de cotizar sobre una base tan alta. Para quienes ganan menos de un salario mínimo, la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud se mantendrá, pero la cotización a pensión será obligatoria y operará con un sistema de cuartos de salario mínimo que va desde los 500.000 pesos en el primer cuarto hasta el salario completo en el cuarto superior.
El decreto también crea un Programa de Formalización e Incentivo Económico en Riesgos Laborales, que podría cubrir la diferencia entre el IBC real y el piso mínimo, pero está condicionado a estudios técnicos y a la disponibilidad de recursos. El Ministerio del Trabajo deberá presentar dichos estudios dentro de los seis meses siguientes a la expedición, mientras que el Ministerio de Salud tendrá hasta 12 meses para adecuar los instrumentos técnicos. El plazo de exigibilidad de la norma empezará a correr solo cuando Salud certifique la plena operatividad del sistema. Con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella a punto de asumir funciones, el gremio espera que la derogatoria del decreto sea una de las primeras decisiones, aunque el destino de los más de 200.000 trabajadores digitales sigue en el limbo jurídico.
