En un contundente pronunciamiento emitido este jueves 6 de agosto de 2026, a solo un día de que finalice la administración del presidente Gustavo Petro, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, rechazó de manera categórica las amenazas y el hostigamiento dirigidos contra el registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, y demás funcionarios de la Registraduría Nacional. La entidad elevó una solicitud urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que activen tanto las medidas penales como los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de los servidores electorales.
La controversia se desató luego de que el presidente Gustavo Petro, en el tramo final de su mandato, insistiera en sus señalamientos contra Penagos, a quien acusó de ser “cómplice delincuencial” de un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial. En respuesta, el registrador desmintió las acusaciones mediante un video, defendiendo la consistencia técnica del proceso y revelando que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo fue inferior al 0,04 por ciento. A raíz de esta confrontación, las intimidaciones se trasladaron al ámbito digital, difundiéndose desde cuentas anónimas mensajes que promueven represalias y violencia contra Penagos, los servidores de la entidad e incluso las instalaciones físicas de la Registraduría.
Un llamado a la desescalada y la protección institucional
La Defensoría del Pueblo, en su comunicación pública, marcó una línea clara entre la crítica legítima y la incitación a la violencia. El organismo destacó que, si bien las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son un ejercicio legítimo en una democracia, estos deben tramitarse de manera pacífica y exclusivamente mediante los mecanismos institucionales previstos para ello. La entidad advirtió que las amenazas han pasado del debate político a hechos concretos de violencia digital, generando un clima de estigmatización que, según su análisis, limita la expresión de posiciones distintas y pone en grave riesgo la legitimidad del sistema electoral colombiano. “Es urgente prevenir la normalización de estas conductas y evitar que escalen hacia formas más graves de violencia”, señaló la Defensoría.
“Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos”.
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
Como parte de las acciones inmediatas, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación preservar la evidencia digital y avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas. Paralelamente, pidió a la UNP evaluar o reevaluar el nivel de riesgo que enfrentan el registrador Hernán Penagos y el personal de la Registraduría. La entidad también expresó su preocupación por la escalada de violencias en los entornos digitales, que no solo afectan la vida e integridad de los funcionarios, sino que atentan contra la participación democrática. La comunicación de respaldo fue replicada por la propia Registraduría y recibió numerosas voces de apoyo en plataformas digitales, en un contexto donde la polarización política y las denuncias sin pruebas han escalado a niveles de intimidación directa contra el sistema electoral.
