El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado por el Ministerio de Hacienda del gobierno saliente de Gustavo Petro, deja al presidente electo Abelardo de la Espriella con un margen fiscal casi nulo. De los 19,881 billones de pesos adicionales que contempla el presupuesto respecto a la vigencia 2026, un total de 17,591 billones se destinarán al servicio de la deuda. Además, persiste un faltante de financiación de 8,292 billones de pesos, según el análisis de la firma Crowe Colombia, que calculó el impacto de la deuda y el recorte anunciado con base exclusivamente en las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Hacienda.
El presupuesto total para 2027 asciende a 575,699 billones de pesos, equivalente al 27% del PIB, frente a una apropiación vigente de 555,818 billones al 30 de junio de 2026. El incremento total es de 19,881 billones, pero el servicio de la deuda pasa de 100,450 billones en 2026 a 118,041 billones en 2027, lo que representa un aumento del 17,5%. Los intereses crecen un 27,6%, pasando de 68,765 billones a 87,714 billones, un incremento de 18,949 billones que supera el aumento total del presupuesto, lo que obliga a que otros componentes como pagos de capital, comisiones e imprevistos bajen para compensar parcialmente. En contraste, el gasto de funcionamiento e inversión crece solo un 0,5%, y con una inflación proyectada del 4,4%, la capacidad de compra caería un 3,7%. La inversión pública cae del 4,4% al 4,2% del PIB.
Un recorte de 60 billones sin documento público
El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha anunciado un recorte cercano a los 60 billones de pesos, que equivaldría al 10,4% del presupuesto total y al 13,1% del gasto sin deuda si se aplicara todo en 2027. Sin embargo, no existe un documento público que detalle si este ajuste regirá en ese año, en lo que resta de 2026 o si se distribuirá en varios períodos. El equipo entrante ha mencionado la revisión de contratos, partidas no comprometidas, gastos administrativos y entidades con funciones repetidas, pero sin cuantificar el aporte de cada medida.
El faltante de financiación asciende a 30,213 billones de pesos sujetos a nuevas fuentes. De estos, la reforma tributaria saliente recaudaría 21,921 billones, cubriendo el 72,6%, pero dejando un 27,4% sin fuente identificada, equivalente a 8,292 billones. La composición de la reforma saliente indica que el 55,4% del recaudo proviene de la reducción de beneficios en aportes empresariales a salud, Sena e ICBF (8,529 billones) y el aumento gradual del IVA a combustibles (3,610 billones), mientras que el capítulo «Progresividad» aporta 3,439 billones, un 15,7%.
Declaraciones de expertos: riesgo sobre inversión y programas sociales
«No es una estimación independiente sobre lo que podría ocurrir, sino un cálculo construido a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda»
Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia
Arbeláez alertó sobre el riesgo para la inversión pública. «El riesgo es que el ajuste termine ejerciendo mayor presión sobre la inversión, lo que podría traducirse en menos obras públicas, vivienda y menor velocidad en la ejecución de programas sociales», señaló.
Por su parte, Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian, afirmó que el servicio de la deuda crece un 17,5%, mientras que funcionamiento e inversión prácticamente se congelan en términos reales, y que la inversión pública cae del 4,4% al 4,2% del PIB. «No sabemos si va a ser archivada, posiblemente sea archivada, e incluso ya la Contraloría lo confirmó cuando dice que hay una desfinanciación cierta y no hipotética», dijo Quiñonez, quien agregó: «No es solo una herencia».
«El mensaje que deja el gobierno saliente al entrante es que debe buscar los ingresos más allá de reducir el gasto»
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian
Quiñonez también advirtió que el Congreso no debería aprobar este presupuesto condicionado a una reforma tributaria que aún no existe. «Claramente, el Congreso no debería aprobar este presupuesto condicionado a esa reforma tributaria cuando aún no existe la reforma tributaria», afirmó. Por tercer año consecutivo se incluyen ingresos contingentes dependientes de una reforma tributaria no aprobada.
El Congreso tiene plazos fijos para definir el presupuesto: debe fijar el monto antes del 15 de septiembre y votarlo a más tardar el 20 de octubre. El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha anunciado que no respaldará la reforma tributaria actual y presentará su propia propuesta en septiembre. Mientras tanto, el 93,7% del gasto está atado a mandatos constitucionales, lo que limita aún más el margen de maniobra del nuevo Ejecutivo.
