En un fallo que pone fin a más de 17 años de impunidad, la justicia colombiana condenó a 55 años de prisión a Yarleny Muñoz Franco, la mujer que con engaños reclutó a tres jóvenes para que fueran asesinados por militares y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2009 en la vereda Campamento, jurisdicción de Puracé (Cauca), donde los tres trabajadores de la construcción, pertenecientes a población vulnerable, fueron ejecutados extrajudicialmente por integrantes del Batallón de Alta Montaña número 4 del Ejército Nacional.
La condena, impuesta por un juez de conocimiento itinerante de Popayán y que ya quedó ejecutoriada, ordena la captura inmediata de Muñoz Franco para que cumpla su pena en prisión. Además de la reclusión por 55 años, deberá pagar una multa equivalente a 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes y enfrenta una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años. El caso se enmarca en las investigaciones por las llamadas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en las que civiles desarmados fueron asesinados por miembros de la fuerza pública y reportados como bajas en combate de la guerrilla.
El engaño que terminó en muerte
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación demostraron que Muñoz Franco fue la pieza clave en el engaño: contactó a las tres víctimas con falsas promesas de trabajo, las convenció de trasladarse hasta la zona rural de Puracé y allí fueron interceptados por los militares, quienes los asesinaron sin que opusieran resistencia. Las víctimas no portaban armas, no pertenecían a ninguna organización armada ilegal y jamás participaron en un enfrentamiento. Pese a ello, fueron reportados como miembros de las Farc muertos en combate.
Al día siguiente de las ejecuciones, Muñoz Franco se presentó en una unidad militar asegurando ser guerrillera y que los tres jóvenes eran sus compañeros de filas. Con esa mentira logró obtener una certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) que le permitió ingresar al programa de reintegración social. Sin embargo, la farsa duró apenas unos meses: en octubre de 2009, las autoridades comprobaron que nunca había pertenecido a la guerrilla y le retiraron el certificado. Ahora, tras más de una década de procesos judiciales, la justicia le impuso una condena ejemplar, considerada una de las decisiones más significativas dentro del entramado de los falsos positivos en el país.
