El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó una actualización de la Guía para la Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional, una herramienta que busca que indicadores como desempleo, pobreza e ingresos reflejen de manera más precisa las brechas que afectan a poblaciones históricamente subregistradas o invisibilizadas en Colombia. La directora general encargada del Dane, Claudia Díaz, explicó que esta revisión incorpora avances normativos, metodológicos y técnicos de los últimos años, además de recomendaciones nacionales e internacionales, con el fin de que las estadísticas oficiales representen mejor la diversidad de la población y mejoren la comprensión de las desigualdades.
La actualización se apoya en la Ley 2335 de 2023, que incorporó el principio de inclusión en la producción estadística oficial, y en el Plan Estadístico Nacional 2023-2027. Díaz destacó que «damos un paso muy importante para seguir fortaleciendo las estadísticas oficiales de Colombia. El Dane pone a consideración de la ciudadanía la actualización de la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional». El documento, dirigido a entidades públicas y privadas que producen estadísticas, academia, organizaciones sociales, comunidades científicas, estudiantes y periodistas, se organiza en cinco secciones: ciclo de vida, discapacidad, étnico-racial, género y campesinado, cada una con marco conceptual, normatividad vigente, variables para identificar a la población y recomendaciones de captación de información.
Cifras que evidencian las brechas
La guía recoge datos que ilustran las desigualdades que persisten en el país. En 2020, las mujeres dedicaron en promedio 66,68 horas semanales al cuidado de integrantes del hogar mayores de 65 años, mientras que los hombres destinaron 39,36 horas semanales, según el World Population Prospects y Ecofeminita. Esto se traduce en ingresos no percibidos por trabajo de cuidado no remunerado: las mujeres dejaron de ganar aproximadamente 556.000 pesos colombianos semanales, frente a 328.000 pesos que dejaron de percibir los hombres. En Bogotá, de acuerdo con la circular 55 de 2024 del Ministerio de Trabajo, el 49% de las personas trans no cuenta con formación para el trabajo, y dentro de ese grupo el 80% manifestó haber sentido discriminación en procesos de selección y contratación por su identidad de género. En cuanto a la participación laboral de personas en condición de discapacidad, oscila entre el 1% y el 3% en empresas con entre 1 y 3.001 empleados, según el Servicio Público de Empleo. Cabe recordar que la Ley 2466 de 2025 estableció una cuota obligatoria de vinculación de personas en condición de discapacidad para empresas de 100 o más trabajadores, que regirá desde junio de 2026.
«(La revisión) incorpora avances normativos, metodológicos y técnicos de los últimos años, además de recomendaciones nacionales e internacionales, para que las estadísticas oficiales reflejen de mejor manera la diversidad de la población y mejoren la comprensión de brechas y desigualdades»
Claudia Díaz, directora general encargada del Dane
Entre los avances más significativos, la guía incorpora por primera vez preguntas estandarizadas para reconocer la identidad de género más allá de la binariedad hombre-mujer, incluyendo la categoría persona no binaria y una pregunta específica de autorreconocimiento para la población trans. En el ámbito de la discapacidad, se adopta el modelo biopsicosocial de la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud, utilizando seis preguntas del Grupo de Washington más dos adicionales que abarcan visión, audición, movilidad, cognición, cuidado personal, comunicación, manipulación de objetos y relación con otras personas. La guía actualizada se convierte así en un instrumento clave para que las estadísticas oficiales capturen de manera integral las realidades diversas de la población colombiana, en línea con los compromisos del país frente a la Agenda 2030 y los acuerdos internacionales como el Consenso de Montevideo de 2013.
