En medio de un diagnóstico que revela un alarmante deterioro del orden público, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, presentó la hoja de ruta de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030, bautizada como “Patria Milagro”. Esta estrategia, la primera del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, tiene como propósito central “recuperar la autoridad legítima en el territorio nacional” y “desarticular el sistema criminal híbrido narcoterrorista”, según lo expresó el propio funcionario al dar a conocer los lineamientos a través de una columna en la revista Semana.
Los números que sustentan la urgencia de la medida son contundentes. El diagnóstico oficial establece que los Grupos Armados Organizados (GAO) han aumentado su capacidad criminal en un 125%, consolidándose en el 57% de los municipios del país. A este preocupante panorama se suma un incremento del 54% en los cultivos de coca, fenómeno que, en palabras del ministro Mora López, “fortaleció las economías ilícitas que financian la violencia y erosionan la gobernanza territorial”. El informe también revela que aproximadamente el 36% del territorio nacional, es decir, más de 420.000 kilómetros cuadrados, se encuentra bajo presencia o control de grupos armados y organizaciones criminales.
Una estrategia con acciones concretas en el territorio
Ante este complejo escenario, la política “Patria Milagro” plantea una combinación de acciones de fuerza pública, persecución penal, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. La recuperación del control territorial, tal como lo anunció el ministro, comenzará con la activación de las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres), que serán escenarios de campañas militares y policiales conjuntas, y la creación de los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu), unidades que trabajarán de la mano con las alcaldías para reducir homicidio, extorsión, secuestro, narcotráfico y microtráfico. En una primera fase, se desplegarán 2.000 policías en los Bodsu, que operarán en nueve ciudades priorizadas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. De acuerdo con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, Bogotá recibirá 400 uniformados en esta etapa inicial.
«El objetivo central es desarticular el sistema criminal híbrido narcoterrorista».
Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa
La estrategia también contempla el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos y la adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), así como un refuerzo sustancial de las capacidades de inteligencia, movilidad aérea con helicópteros Black Hawk, ciberdefensa, guerra electrónica, sistemas antidrones y tecnología de vigilancia. El plan incluye además el establecimiento de Teatros Regionales de Operaciones en zonas priorizadas y una mayor coordinación entre seguridad, inteligencia, investigación criminal y judicialización para enfrentar la denominada “guerra híbrida”, caracterizada por las alianzas entre organizaciones criminales para controlar territorios y rentas ilícitas que incluyen narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión.
Con el anuncio de esta política, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje contundente sobre su prioridad en materia de seguridad. La hoja de ruta, que deberá ejecutarse durante el periodo 2026-2030, parte de la premisa de que “la recuperación nacional comenzará por restablecer el control territorial”, un desafío mayúsculo que implica no solo enfrentar a los grupos armados en el terreno, sino también desarticular las estructuras económicas y políticas que han permitido su crecimiento y consolidación en vastas regiones del país.
