La discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2027 ya se instaló en la agenda económica del país, con el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez y el vicepresidente José Manuel Restrepo como principales voceros, junto con el Banco de la República. Aunque aún no hay un porcentaje oficial, los escenarios técnicos barajados por el Gobierno oscilan entre el 5% y el 6%, basados en la inflación y la productividad, en una negociación que busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con los costos empresariales y la generación de empleo formal. Las autoridades han advertido sobre los riesgos de una indexación excesiva y la transmisión de costos a la economía.
El debate parte de un antecedente complejo: en 2026, trabajadores, empresarios y Gobierno no lograron un acuerdo, y el entonces presidente Gustavo Petro fijó el aumento de forma unilateral el 29 de diciembre de 2025 en un 23,7%, llevando el salario mínimo a 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total de 2 millones de pesos. Esa base más alta es el punto de partida para la negociación de 2027, que se desarrolla sin el antecedente de la concertación. La inflación de junio de 2026 se ubicó en 6,164% anual, un indicador clave para definir el ajuste.
Los escenarios técnicos que maneja el Gobierno contemplan un aumento del 5%, que elevaría el salario base a 1.838.450,25 pesos, y con auxilio de transporte alcanzaría 2.087.095 pesos totales. Un incremento del 6% dejaría el salario base en 1.855.959,30 pesos y el total en 2.105.054 pesos. Algunos analistas han mencionado un posible piso del 7%, aunque esa cifra no cuenta con respaldo oficial y generaría alertas por su impacto inflacionario.
«Un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad podría fortalecer mecanismos de indexación y transmisión de costos»
Banco de la República, Informe de Política Monetaria (agosto de 2026)
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha sido enfático al señalar que la definición del salario mínimo se apoyará en información técnica y que es necesario volver a una política salarial racional. «Tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos. Pero nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación», afirmó. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo declaró que el salario mínimo de 2027 mantendrá el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de los hogares del país y cubrir necesidades básicas, sin golpear la economía nacional ni a las empresas.
El Banco de la República, en su informe de política monetaria, advierte sobre los riesgos inflacionarios asociados a aumentos superiores a la inflación y la productividad, y menciona posibles presiones adicionales como los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, el alza del dólar y el aumento de los costos de transporte. Estas variables podrían encarecer aún más la canasta familiar si el ajuste salarial no se dosifica con cuidado.
El presidente Abelardo de la Espriella defiende conservar el salario vigente como una conquista social, pero insiste en que los incrementos deben ser cercanos a la inflación y cuidadosos con las empresas y la formalidad laboral. En el ambiente de la discusión también flota una propuesta no adoptada: trasladar al Banco de la República la responsabilidad de definir cada año el ajuste del salario mínimo, quitándole así la presión política a la negociación tripartita.
La mesa de concertación entre trabajadores, empresarios y Gobierno avanza en un clima de expectativa, con la certeza de que cualquier decisión impactará directamente en los ingresos de más de 20 millones de colombianos que devengan el salario mínimo, así como en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas. El país espera que, a diferencia del año anterior, se logre un acuerdo que evite una nueva fijación unilateral y que garantice un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo y la sostenibilidad del empleo formal.
