Una ola de violencia sin precedentes marcó los tres primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. Durante ese lapso, grupos ilegales ejecutaron al menos 17 acciones armadas contra la Fuerza Pública, infraestructura estratégica y civiles en once departamentos del país, desafiando los anuncios de endurecimiento de la seguridad que el nuevo mandatario había prometido. El entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó que tan solo el día de la posesión se registraron nueve incidentes violentos, una señal alarmante del poder de fuego que mantienen las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales.
Los ataques se concentraron en Antioquia, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Tolima, Nariño, Bogotá, Valle del Cauca, Guaviare y Huila, con métodos que incluyeron drones cargados de explosivos, artefactos colocados en carreteras, cilindros bomba y disparos de arma de fuego. El objetivo principal, según fuentes de seguridad, era afectar a las fuerzas militares y policiales, sembrar el terror entre la población civil y demostrar capacidad operativa ante el nuevo Gobierno. En San José del Guaviare, por ejemplo, se detonó uno de varios artefactos instalados frente a una base de antinarcóticos, sin que se reportaran víctimas, mientras que en el peaje Mondomo, Cauca, dos personas resultaron con lesiones leves tras una explosión.
La Defensoría del Pueblo elevó una alerta urgente por el uso de drones con explosivos en áreas pobladas, una táctica que ha cobrado fuerza entre los grupos armados y que pone en grave riesgo a la ciudadanía. En Planadas, Tolima, el frente Gerónimo Galeano atacó con estos artefactos la base militar Casa Verde, generando pánico entre los habitantes. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, exigió al Gobierno nacional un refuerzo inmediato de la presencia militar y no descartó la posibilidad de imponer toque de queda en la región. Asimismo, en el Cauca, el frente Carlos Patiño lanzó explosivos desde drones contra la seguridad de la represa La Salvajina, sin que se registraran heridos, y el gobernador Octavio Guzmán reclamó mayor protección para la vía Panamericana, después de que un peaje en construcción en Mondomo fuera destruido por una camioneta cargada con explosivos.
Ataques en varias regiones y combates en Cauca y Tolima
La jornada del 7 de agosto también dejó artefactos explosivos en carreteras de Antioquia y Cauca, así como la aparición de banderas y pasacalles de grupos armados en Arauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, una demostración de control territorial. En Pasto, Nariño, se registraron detonaciones cerca de instalaciones policiales que obligaron al cierre de vías, y en Bogotá, el inspector Wilson Daniel Puentes Ramírez fue herido en un ataque armado al llegar a su residencia, un hecho que conmocionó a la capital. La alcaldesa de Cali, Elsa Noguera, rechazó de manera enfática el atentado con dron contra el palacio municipal y subrayó que estos actos no frenarán el desarrollo de la ciudad.
El 8 de agosto, la violencia continuó con un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la estación de Policía de Guadalupe, Antioquia, atribuido al frente 36 de las disidencias, y la localización de artefactos frente a la base de Antinarcóticos en San José del Guaviare. Al día siguiente, se produjeron intensos combates en los municipios caucanos de El Tambo y Cajibío, donde las tropas lograron abatir a cinco integrantes de las disidencias, mientras la población civil quedó confinada por el cruce de disparos. En Rioblanco, Tolima, un dron atacó la Alcaldía y se escucharon disparos, lo que llevó a la gobernadora Matiz a solicitar una evaluación urgente de la seguridad y la posibilidad de imponer restricciones nocturnas.
Pese a que el presidente Abelardo de la Espriella ha reiterado su compromiso de endurecer las medidas de seguridad, los hechos de estos tres primeros días evidencian que los grupos ilegales no solo no cesan sus actividades, sino que han aumentado su capacidad para golpear en múltiples frentes de manera simultánea. La situación es particularmente crítica en regiones como Cauca, Tolima, Antioquia y Nariño, donde la presencia de disidencias de las Farc y otras organizaciones mantiene en vilo a las autoridades locales y a la población.
