Elizabeth Cristina Ortiz Peña, una influencer cercana al gobierno de Gustavo Petro, mantiene dos contratos vigentes con el Estado colombiano cuyo valor conjunto asciende a 188 millones 683 mil 333 pesos. La información, revelada inicialmente por la revista Semana, cobró notoriedad pública luego de que el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacara a Ortiz Peña en un evento en El Espinal (Tolima) por su gestión de recursos para el Hospital San Rafael. La psicóloga y especialista en gestión pública, identificada en los registros oficiales, suma así un historial de vínculos contractuales con distintas entidades del gobierno Petro.
Los dos contratos activos corresponden a la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Subsidio Familiar. El primero, firmado con la Jefatura de Despacho Presidencial, tiene un valor de 121 millones 733 mil 333 pesos, con honorarios mensuales de 11 millones de pesos, y su objeto es el monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales, así como el apoyo a la difusión de contenidos de esa dependencia. El segundo, por 66 millones 950 mil pesos, se enfoca en labores de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar y la elaboración de modelos estadísticos. Ambos contratos tienen fecha de ejecución hasta el 30 y 31 de diciembre de 2026, según dos versiones del expediente registrado en las plataformas Secop y Función Pública.
Otros contratos ejecutados
Además de los dos contratos vigentes, Ortiz Peña ha ejecutado al menos tres contratos más con el Estado colombiano. El Ministerio de Minas y Energía le adjudicó dos contratos: uno por 121 millones de pesos para apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de convenios destinados a comercializadores informales de combustibles en zonas de frontera, y otro por 55 millones de pesos para el diagnóstico social en áreas de influencia de distribución de combustibles en zonas fronterizas. El Ministerio de Salud, por su parte, le otorgó un contrato de 60 millones de pesos para la revisión, estructuración, formulación y gestión de proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los valores registrados en estos contratos no equivalen necesariamente al dinero efectivamente pagado, ya que los desembolsos dependen del avance de la ejecución y las condiciones pactadas, según aclaran los registros oficiales.
Contexto de la revelación
El nombre de Elizabeth Cristina Ortiz Peña saltó al debate público cuando el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la mencionó durante un acto en El Espinal (Tolima) mientras hablaba sobre los 8 mil millones de pesos destinados al Hospital San Rafael. Jaramillo destacó la labor de la influencer en la gestión de esos recursos, lo que llevó a que medios de comunicación, como la revista Semana, indagaran en los contratos que ella tiene con el Estado. Los documentos consultados por ese medio, disponibles en las plataformas BuscaSecop y Función Pública, muestran que Ortiz Peña, registrada como psicóloga y especialista en gestión pública, ha acumulado un portafolio de contratos directos con distintas entidades del gobierno Petro, lo que ha generado cuestionamientos sobre los vínculos entre influencia política y contratación estatal.
