La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó una proposición formal para devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027. La medida, que será discutida el próximo 11 de agosto de 2026 en las comisiones económicas conjuntas del Legislativo, argumenta que la iniciativa gubernamental carece de los soportes técnicos suficientes para verificar su sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de los mandatos constitucionales. La proposición se fundamenta en el artículo 56 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y solicita que el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, reingrese el proyecto con las enmiendas, aclaraciones y soportes necesarios.
El principal cuestionamiento de la oposición gira en torno a la inclusión de partidas que, según denuncian, no tienen respaldo técnico suficiente. En concreto, se señalan ingresos contingentes por valor de 30,2 billones de pesos, cuya materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales. A esto se suman 17 billones de pesos registrados como «Otros Recursos de Capital» sin que se identifique claramente su origen o fuente, y otros 13 billones de pesos incorporados en las rentas de capital sin soportes técnicos que permitan auditar su procedencia. En total, el monto cuestionado asciende a aproximadamente 60,2 billones de pesos, una cifra que, según la bancada, compromete la transparencia y la responsabilidad fiscal del presupuesto.
Los cuestionamientos fiscales y el contexto de alertas
La proposición del Centro Democrático no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de advertencias previas emitidas por organismos de control y entidades técnicas. El Banco de la República, en su sesión del 3 de agosto de 2026, ya había alertado sobre riesgos de desfinanciación. De igual forma, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la Contraloría General de la República habían manifestado preocupaciones similares, señalando que el proyecto presupuestal incorpora partidas sin precisar su naturaleza, origen, fundamento legal, entidad certificadora ni disponibilidad. La proposición también extiende la advertencia al Sistema General de Regalías, citando una disminución esperada en sus ingresos según la Contraloría, lo que agrava el panorama de posibles faltantes.
«Devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, para que presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar la plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal».
Centro Democrático, proposición presentada al Congreso
La iniciativa de la oposición exige, además, que se identifiquen expresamente las apropiaciones cuya financiación depende de los 30,2 billones de pesos contingentes, y que se demuestre la consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal. De fondo, la bancada del Centro Democrático cuestiona la capacidad del Legislativo para auditar el origen de los recursos y ejercer un control político presupuestal efectivo. Si la proposición prospera, el impacto potencial sería un retraso en la aprobación del presupuesto 2027 y un nuevo frente de controversia sobre la estructura de financiación del Gobierno Petro, en medio de un clima de incertidumbre fiscal que ya ha sido señalado por múltiples actores económicos y técnicos del país.
