Autos Italianos de Colombia S.A., la empresa encargada de la comercialización de vehículos Ferrari en el país, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una respuesta de más de 210 páginas dentro del término legal, atendiendo al requerimiento de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor por presuntas fallas en la entrega de estos automóviles de alta gama. El documento, radicado el pasado 12 de agosto, fue elaborado tras recibir el requerimiento el 22 de julio, agotando así el plazo de diez días hábiles otorgado por la autoridad en el marco de una averiguación preliminar que busca esclarecer denuncias sobre incumplimientos millonarios.
La investigación, identificada con el radicado 26-294239, fue iniciada de oficio por la SIC luego de que al menos seis clientes manifestaran públicamente haber entregado anticipos sin recibir sus vehículos. Uno de los casos más resonantes involucra a un comprador que adelantó 30.000 dólares como parte de pago para un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares, y que nunca llegó a ser fabricado por la casa italiana. La empresa, en su respuesta, desarrolló de manera individual cada uno de los 15 puntos exigidos en la averiguación, incluyendo documentación pormenorizada sobre las operaciones celebradas con los clientes y el estado actual de cada transacción.
Auditoría forense y debido proceso
Paralelamente a la respuesta presentada ante la SIC, Autos Italianos de Colombia informó que adelanta una auditoría forense contable, financiera y administrativa, con el objetivo de esclarecer la trazabilidad de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La compañía recalcó que la información remitida a la Superintendencia incluye datos fehacientes sobre las operaciones, pero aclaró que las declaraciones realizadas en su comunicado oficial son de carácter informativo y no representan conclusiones definitivas ni atribuciones de responsabilidad. “Cualquier determinación deberá ser adoptada por las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, señaló la empresa.
«Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor».
Cielo Rusinque, superintendente de la SIC (hasta entonces)
La SIC, que hasta el pasado 30 de julio no había recibido denuncias formales, continuó con las actuaciones debido al impacto público del caso y la potestad legal que tiene la entidad para actuar de oficio cuando existen indicios de posibles vulneraciones a los derechos del consumidor. Ahora, la autoridad revisará detalladamente la extensa documentación presentada por Autos Italianos de Colombia para verificar la información y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal o archivar el expediente. Mientras tanto, la empresa se mantiene bajo la lupa de la Superintendencia, que vigila de cerca las obligaciones con los clientes afectados y la trazabilidad de los recursos entregados como anticipo por vehículos que, al menos en el caso denunciado, nunca llegaron a la línea de producción de Ferrari en Italia.
