En una histórica sesión del Senado de la República, celebrada el 12 de agosto de 2026, se autorizó al expresidente Gustavo Petro a salir del territorio nacional durante el año siguiente al fin de su mandato, pero con una condición ineludible: cada viaje deberá ser informado con fecha y lugares específicos. La votación fue contundente, con 73 votos a favor y 11 en contra, y surgió de una proposición presentada por el Centro Democrático, firmada por los senadores Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meissel, que finalmente fue la que prosperó en la plenaria.
La solicitud de Petro había sido radicada el 10 de agosto mediante una carta en la que pedía permiso para atender compromisos «personales, sociales, políticos y académicos», sin especificar destinos ni motivos concretos. La Constitución de 1991 establece que los expresidentes deben contar con autorización del Congreso para salir del país durante el año posterior a la finalización de su mandato, una restricción conocida como arraigo constitucional. Salir sin ese permiso podría ser considerado abandono del cargo, por lo que la decisión del Senado era esperada con gran interés político.
Petro responde a las críticas y defiende su solicitud
Lejos de aceptar en silencio las condiciones impuestas, el expresidente utilizó sus redes sociales para aclarar los términos de su petición. «Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo», escribió en un mensaje que contrastaba con la decisión legislativa. En otra publicación en X, Petro explicó: «He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el senado, eso es muy diferente, pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos». Además, aprovechó para referirse a la sanción administrativa impuesta por Estados Unidos en su contra, afirmando que «no tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso Estados Unidos solo es para las personas de los Estados Unidos». También negó tener problemas de salud: «No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho».
«Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo»
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Las voces en contra no se hicieron esperar. El senador Jota Pe Hernández, del Partido Verde, cuestionó duramente al expresidente al señalar que «¿dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia (…) Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación». Por su parte, Edgardo Espitia, de Cambio Radical, fue directo: «No salga, dé la cara, enfréntese a la justicia». En contraste, el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa defendió la autorización al argumentar que «si es por denuncias, ningún expresidente habría podido salir del país», mientras que Alfredo Deluque, de La U, añadió una condición adicional: que cada vez que Petro salga, debe pedir autorización.
La decisión del Senado deja claro que la libertad de movimiento del expresidente estará vigilada de cerca durante los próximos doce meses. Cada salida deberá ser notificada previamente, con detalles específicos de fechas y lugares, un mecanismo que busca garantizar la transparencia y el cumplimiento del marco constitucional. Mientras tanto, Petro insiste en que su intención no es evadir responsabilidades, sino continuar con su agenda personal y académica, y recuerda que la Corte Constitucional colombiana le ha respaldado en materia financiera frente a las restricciones internacionales, al señalar que «los bancos colombianos no son personas jurídicas de los Estados Unidos». La confrontación entre el expresidente y sus contradictores políticos queda así instalada, con un Senado que le permite salir, pero sin soltarle la mano.
