Colombia oficializó su adhesión al Escudo de las Américas, la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en un acuerdo bilateral suscrito el miércoles 12 de agosto con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. El ingreso, formalizado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, fue ratificado durante un foro en Ciudad de Panamá, donde se agradeció el apoyo del país anfitrión, del Secretario de Guerra estadounidense y del senador Bernie Moreno. Con este paso, Colombia se convierte en el decimonoveno país miembro de la coalición, comprometiéndose a adelantar operaciones conjuntas de cooperación, intercambio de información y efectividad operativa en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo ha desatado un intenso debate político y constitucional, centrado en el artículo 173 de la Constitución colombiana, que establece que corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. El presidente Gustavo Petro, quien se ha manifestado como opositor a la medida, cuestionó la legalidad del procedimiento: “Quien autoriza no es el presidente según la constitución, quien autoriza es el senado de la república y en su defecto el Consejo de Estado”. En una declaración que refleja su principal preocupación, el mandatario agregó: “Eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”.
Defensa de la soberanía versus riesgos de injerencia
La postura del presidente es respaldada por el senador Iván Cepeda, quien advierte que el acuerdo, tal como fue suscrito, podría comprometer la independencia nacional. “Colombia corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente su soberanía y convertirse en un laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región”, afirmó el congresista, recordando que la Constitución faculta al Senado para “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Para Cepeda, la firma del ministro Mora sin pasar por el Legislativo representa un vacío jurídico que debe ser resuelto antes de que la coalición entre en plena operación.
En el lado opuesto del espectro político, el expresidente Álvaro Uribe defiende la alianza como una herramienta clave para fortalecer al Estado frente a las amenazas criminales. “La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho”, sostuvo Uribe, quien en sus intervenciones ha subrayado que “la ayuda de USA es recuperación de Soberanía, no violación”. El exmandatario lamentó, además, que en 2010 se hubiera paralizado la segunda fase del Plan Colombia, un programa que a su juicio habría consolidado aún más la capacidad del Estado colombiano para controlar su territorio.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, ha tratado de aplacar las críticas asegurando que el acuerdo respeta la soberanía nacional y los marcos legales de cada Estado en la coordinación de las operaciones conjuntas. Colombia, según lo anunciado en el foro de Panamá, liderará acciones estratégicas en el Pacífico y el Caribe junto a otros países de la coalición, en una apuesta por asegurar el monopolio estatal de la fuerza y enfrentar de manera coordinada las redes del narcotráfico y el crimen organizado que desestabilizan la región.
