En un giro contundente en la política de seguridad y antinarcóticos, Colombia ingresó formalmente a la Coalición de las Américas contra los Carteles, una alianza militar denominada “Escudo de las Américas” que busca realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos contra las redes transnacionales de narcotráfico y crimen organizado. La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, el pasado 12 de agosto de 2026, en una ceremonia que contó con la participación del ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora —mayor general en retiro— y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. El pacto se oficializa durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien reemplazó a Gustavo Petro y marca un realineamiento radical de la política de drogas y seguridad colombiana hacia los intereses de Washington, dejando atrás los diálogos y la “paz total” para privilegiar la supresión militar y el control territorial.
La suscripción del memorando, sin embargo, ha abierto un intenso debate jurídico y político sobre su naturaleza y alcance, principalmente porque fue firmado por el ministro de Defensa y no por el presidente de la República. El profesor Sergio Andrés Morales Barreto, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, advierte que existen tres marcos jurídicos posibles para el documento firmado. Según el académico, podría tratarse de un memorando de entendimiento sin obligaciones exigibles, un acuerdo simplificado que ejecute obligaciones ya previstas en tratados vigentes, o un tratado internacional que requeriría la aprobación del Congreso y el control previo de la Corte Constitucional. “Un memorando puede expresar una política, no puede crear competencias que la Constitución no otorgó”, explicó Morales, subrayando que “la regla es sencilla: la naturaleza de un instrumento depende de su contenido, no del nombre que las partes decidan ponerle”. En ese sentido, si el documento compromete a Colombia en operaciones militares nuevas y jurídicamente exigibles, “esos compromisos no podrían producir efectos internos sin cumplir el procedimiento constitucional correspondiente”.
Un viraje estratégico entre la soberanía y la cooperación militar
El contexto regional y el perfil de Colombia como el principal productor mundial de cocaína y el país con la más alta concentración de producción de ese estupefaciente, según datos oficiales, convierten al país en un socio estratégico para Washington. Colombia es, además, socio global de la OTAN y aliado extra-OTAN de los Estados Unidos, lo que la posiciona como “la plataforma de despliegue y contención más sólida del continente”, ubicada en el corredor bioceánico entre el Caribe, el Pacífico y la cuenca amazónica. El investigador y analista en seguridad, defensa y geopolítica, Juan Camilo Ubaque, señaló que este tipo de acuerdos “responden al rediseño de la seguridad hemisférica ante la expansión de amenazas híbridas en el Caribe y el Pacífico”, y lo calificó como un “pivote militar decisivo para contener la inestabilidad regional y recuperar el control geoestratégico del hemisferio”. Este cambio de paradigma se da en un momento de reestructuración del poder en Venezuela, una inflexión doctrinal en Ecuador y un endurecimiento migratorio en Panamá, lo que refuerza la idea de un nuevo cerco de seguridad en la región.
No obstante, sectores políticos y sociales han expresado su preocupación por los posibles riesgos que esta alianza representa para la soberanía nacional y el rol del Congreso. El profesor Morales recordó un antecedente clave: en 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, un acuerdo similar con Estados Unidos sobre el acceso a bases militares fue declarado por la Corte Constitucional como un instrumento que requería control constitucional y aprobación del Congreso. En la actualidad, el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano ya requiere autorización del Senado o del presidente durante el receso legislativo con un dictamen del Consejo de Estado, pero esa autorización no habilita operaciones de combate. “Cooperar con otro Estado no significa, per se, renunciar a la soberanía”, afirmó Morales, pero dejó claro que el debate de fondo es si el memorando firmado en Panamá contiene compromisos que trascienden la simple cooperación y exigen un debate legislativo profundo.
“Cooperar con otro Estado no significa, per se, renunciar a la soberanía”
Sergio Andrés Morales Barreto, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana
La alarma también se enciende por la reclasificación de los grupos armados colombianos —como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo— como “redes de narcoterrorismo transnacional”, una designación que, según los analistas, habilita la homologación del combate al crimen a escala hemisférica y podría allanar el camino para operaciones militares conjuntas sin los mecanismos de control tradicionales. Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella defiende el acuerdo como una herramienta indispensable para enfrentar el crimen organizado, la oposición y los juristas advierten que el camino hacia la “Escudo de las Américas” no puede pavimentarse al margen de la Constitución y el Congreso. La pregunta que queda en el aire es si Colombia, en su nueva alineación con Washington, está recuperando el control geoestratégico del hemisferio o cediendo soberanía en nombre de la seguridad colectiva.
