El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo Pcsja26-12567, prorrogó la suspensión de los términos judiciales y administrativos hasta el próximo 11 de septiembre de 2026 en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto. La medida, que rige desde el 12 de agosto, cobija a los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de los municipios de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca, con el fin de proteger la vida, la integridad y la seguridad de los servidores judiciales y garantizar la continuidad del servicio.
El sismo, que dejó cientos de familias sin hogar y graves daños en infraestructura, especialmente en Pereira y Cali, motivó a la corporación a activar despachos itinerantes con competencia territorial adicional y a redistribuir las acciones urgentes entre juzgados de apoyo. La suspensión del reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad en los despachos de los municipios afectados busca evitar riesgos adicionales en medio de la emergencia.
Redistribución de casos y apoyo humanitario
Las acciones y solicitudes recibidas entre el 5 y el 12 de agosto que no fueron atendidas serán redistribuidas a despachos de apoyo, mientras se brinda acompañamiento psicosocial especializado y asistencia técnica para evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Desde Barranquilla, cerca de mil jueces, magistrados y empleados de la Rama Judicial anunciaron la donación de un día de salario para los fondos de atención humanitaria habilitados tras la catástrofe.
«Aún desde la distancia, como servidores públicos, hemos estado atentos y queremos apoyar con la donación de un día de nuestro salario para fortalecer esos fondos que están enfocados en este momento en lo humanitario».
Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla
En la misma línea, el presidente del Tribunal Superior de Barranquilla expresó su solidaridad con las regiones más golpeadas, donde muchos colegas lo perdieron todo. El llamado a la unión y a la cooperación entre distintas ciudades del país se ha convertido en una constante en medio de la tragedia.
«Tenemos contacto con amigos de Cali, amigos de Pereira, que quedaron con lo que tienen. Si bien se salvaron, los edificios quedaron a punto de colapsar. Sus casas están destruidas. Entonces necesitamos apoyarnos».
Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla
La Judicatura solicitó además divulgar ampliamente las medidas adoptadas y coordinar los canales de presentación de tutelas y audiencias preliminares, de manera que la comunidad afectada pueda acceder a la administración de justicia sin poner en riesgo su seguridad. La suspensión de términos se mantendrá al menos hasta el 11 de septiembre, mientras las autoridades evalúan las condiciones de las sedes judiciales y avanzan en la recuperación de las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto.
