En medio del intenso debate político que ha generado la autorización del Senado para que el expresidente Gustavo Petro salga del país, una voz inesperada se alzó en defensa de la garantía constitucional de la presunción de inocencia: Jerónimo Uribe, hijo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. A través de su cuenta en la red social X, el abogado expuso una serie de argumentos jurídicos que contrastan con las críticas de varios sectores de la oposición, al señalar que impedir la salida de Petro sin una acusación formal sería una vulneración a sus derechos fundamentales.
Jerónimo Uribe fue contundente al afirmar que “la libertad es un valor sagrado” y que cualquier limitación a ella debe ser consecuencia de un proceso profundamente riguroso y justo. En su publicación, el hijo del exmandatario recordó que su propia familia ha vivido en carne propia lo que consideran una privación de libertad derivada del abuso de las garantías procesales, por lo que reforzó su defensa de la presunción de inocencia como pilar del Estado de derecho. “Nos guste o no, el expresidente Petro no está acusado ni imputado”, escribió, subrayando que el proceso penal contra un exmandatario aún no ha superado las instancias necesarias para llegar a una eventual condena.
Un debate que cruza fronteras ideológicas
La postura de Jerónimo Uribe se da en el marco de lo que establece el artículo 196 de la Constitución colombiana, que exige autorización del Senado para que cualquier expresidente salga del país durante el año posterior a su mandato. Uribe no dudó en recordar que otros exmandatarios como Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque recibieron permisos similares sin que se les impusiera una fecha de regreso específica, lo que según él demuestra que la autorización es un trámite habitual y no un acto de impunidad. “La observancia de las garantías no genera impunidad; por el contrario, legitima el proceso penal y hace posible una aplicación correcta y sostenible de la justicia”, sostuvo.
El hijo del expresidente también respaldó las posturas del presidente del Senado, Abelardo de la Espriella, y del ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el rol fundamental de los abogados defensores en cualquier proceso penal. En su análisis, recordó que el camino para una eventual condena contra un expresidente es largo y requiere pasar por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la plenaria de esa corporación, luego el Senado y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, concluyó, la presunción de inocencia debe prevalecer, sin importar las diferencias políticas.
