El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Claudia Victoria Carrasquilla Minami como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026. La nueva funcionaria acompañará al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, en la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas de defensa y seguridad del país. Su designación se enmarca en los primeros ajustes del Gobierno en materia de seguridad, buscando articular capacidades militares y policiales con herramientas de inteligencia e investigación criminal.
Carrasquilla Minami es abogada penalista, especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional, con una amplia trayectoria en la Fiscalía General de la Nación, donde se ganó el apelativo de «fiscal de hierro» por su trabajo en las investigaciones contra la Oficina de Envigado. En las operaciones en las que participó, logró la captura de más de 800 integrantes de esa organización criminal. Su labor incluyó la reconstrucción de cadenas de mando, mecanismos de financiación, redes de apoyo y formas de control territorial de grupos armados, experiencia que ahora deberá traducir en acciones coordinadas contra organizaciones armadas y economías ilegales desde el viceministerio.
Trayectoria política y judicial
Además de su paso por la Fiscalía, Carrasquilla fue concejal de Medellín por el Centro Democrático, donde presidió la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de esa corporación. En el Concejo ejerció control político y participó en debates sobre seguridad ciudadana, institucionalidad y atención a víctimas. Este perfil, que combina formación jurídica, experiencia en persecución penal y paso por el control político local, es clave para el reto que asume: articular las capacidades del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
La designación mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026 se produce en un momento en que el Gobierno busca fortalecer la estrategia de seguridad, integrando la experiencia judicial de Carrasquilla con la labor de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Su gestión será observada de cerca por su capacidad para implementar políticas que permitan desarticular las economías ilegales y las estructuras armadas que afectan a regiones como Antioquia y el Eje Cafetero, donde la Oficina de Envigado ha tenido histórica influencia.
