La Fiscalía General de la Nación citó como testigo a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, exparamilitar de las AUC que previamente denunció haber sido presionado por un fiscal para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La diligencia, programada para el martes 18 de agosto de 2026 en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, se realiza dentro del proceso por la masacre de El Aro, donde el exmandatario está convocado a indagatoria el 4 de septiembre del mismo año. La inclusión de Soto en el listado de testigos responde a las nuevas actuaciones impulsadas por la fiscal Gloria Marcela Abadía, quien busca sumar pruebas sobre los crímenes atribuidos a las AUC en Antioquia. La indagatoria de Uribe Vélez ha sido aplazada ya en dos ocasiones, y este nuevo testimonio podría ser determinante en el desarrollo del caso.
Denuncia contra un fiscal
Alias Lucas, quien fue rechazado del proceso de sometimiento de la Ley de Justicia y Paz, denunció ante las autoridades al entonces fiscal 132 de la Dirección de Justicia Transicional, Álvaro León Polo, por presionarlo para que declarara contra Uribe a cambio de beneficios judiciales. En su denuncia, citada por la revista Semana, Soto afirmó que “en múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa”. A partir de esta acusación se abrieron dos investigaciones que fueron acumuladas por la fiscal Luz Samira Rodríguez, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien citó a imputación de cargos a León Polo. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo frenó las actuaciones mediante la resolución 0015 del 23 de enero de 2026, alegando duplicidad de procesos. La defensa de Soto sostiene que negarse a declarar contra Uribe le ha costado amenazas, traslados de cárcel y la apertura de nuevos procesos en su contra, mientras su familia salió del país y busca asilo en Estados Unidos.
Reacciones y contexto
En medio de la controversia, la fiscal Luz Samira Rodríguez envió una carta a la Fiscalía General defendiendo su gestión. “Contrario a la imagen que se pretende crear con información falsa, mi gestión ha sido transparente y diligente”, afirmó. La respuesta de funcionarios del órgano acusador, citados en el documento, fue contundente: “En ese orden de ideas, casi todos los fiscales se quedarían sin expedientes”. La diligencia del 18 de agosto se presenta como un capítulo clave en el proceso por la masacre de El Aro, donde alias Lucas aparece como posible testigo de los crímenes cometidos por las AUC en tierras antioqueñas. Mientras tanto, la situación del exparamilitar, capturado en 2021 y sin condena en firme, sigue marcada por la incertidumbre judicial y las presiones que denuncia.
