La defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, negó rotundamente que el presidente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Abelardo de la Espriella, hubiera autorizado el traslado de la influenciadora a la cárcel de La Picaleña, en Ibagué. La abogada Wendy Herrera, quien lleva 18 días como apoderada de la reclusa, aseguró que la decisión fue tomada de manera unilateral por la entidad y denunció que su clienta está siendo víctima de “tortura psicológica” desde que fue remitida al nuevo centro de reclusión el pasado 7 de agosto de 2025.
Barrera, quien purga una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los destrozos causados durante el paro nacional de 2019 en la estación Molinos de TransMilenio, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá hasta el Complejo Carcelario de Alta y Media Seguridad de Ibagué. La medida se produjo luego de que se revelara que la interna se había sometido a procedimientos estéticos dentro del centro de reclusión capitalino, un hecho que desató un escándalo mediático. “Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado. Ese traslado lo autorizó el Inpec. Sus razones debe tener, pero Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia ni mucho menos para la víctima”, declaró Herrera en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.
Denuncias de tortura psicológica y condiciones en La Picaleña
La abogada afirmó que desde abril de 2025 le anunciaban a su clienta que sería trasladada el 7 de agosto, un hecho que se cumplió a cabalidad. Al llegar a La Picaleña, Barrera fue ubicada en el pabellón femenino, donde comparte celda con otras mujeres. Aunque Herrera evitó calificar las condiciones como óptimas, sí precisó que la reclusa no está en peligro físico. “No te puedo decir que está bien, porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel, pero está segura”, señaló. Sin embargo, la defensa elevó una grave denuncia al asegurar que el Inpec ha incurrido en “tortura psicológica” contra la influenciadora, quien arrastra problemas de ansiedad crónica y afecciones psicológicas agravadas por la separación de su hija menor, con quien ha tenido escaso contacto. “Ha sido un sufrimiento muy grande en donde ella no ha tenido ningún privilegio”, agregó la abogada, quien insistió en que ya se están adelantando las investigaciones y denuncias correspondientes.
“Ya eso está en investigaciones y también en las denuncias que esta profesional del derecho está realizando”
Wendy Herrera, abogada de Daneidy Barrera Rojas
La defensa también denunció que el Inpec le ha negado a Barrera horas de trabajo en granja, un beneficio que le permitiría redimir parte de su pena. Según el relato de la cliente, en la Escuela de Carabineros otras personas se inyectaban bótox, celebraban fiestas y bautizos, mientras que su hija tenía restringido el ingreso al centro de reclusión. Horas antes del traslado, el mismo 7 de agosto, Barrera publicó un video en redes sociales denunciando “persecución”, material que luego fue eliminado.
Barrera está privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025, cuando fue capturada para cumplir la condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno. Al momento de las declaraciones de su abogada, la influenciadora llevaba nueve días recluida en La Picaleña, un penal de alta seguridad en Ibagué, Tolima, donde la defensa asegura que su estado de salud mental se ha deteriorado significativamente.
