- La ERUM, el municipio de Manizales, Infimanizales, el Ministerio de Vivienda y la Presidencia de la República son las instituciones vinculadas en la demanda.
- “Tenemos que discutir la pertinencia de esta figura del patrimonio autónomo, si los manizaleños recuperamos la administración de esta porción del territorio, o seguimos en asocio con el Ministerio…”
El Tribunal Administrativo de Caldas aceptó una acción popular que tiene una pretensión especial: que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional, una figura que determina que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de la población. Fue creada por el máximo tribunal del país hace más de diez años al encontrar graves dificultades en la ejecución de la política de atención a los desplazados en el país
El personero de Manizales, Fernando Arcila Castellanos, quien presentó la acción, le contó a La Veintitrés que: “En este caso, la Petsonería de Manizales a través de un trabajo juicioso adelantado con distintos líderes y académicos durante un año, logramos generar la tesis de que hoy hay una vulneración masiva y sistemática de los derechos de la comunidad de San José, como quiera que ha habido afectaciones a la vida, a la integridad física, a la salubridad pública, a distintos derechos fundamentales e incluso colectivos, que hoy nos dan cuenta de ese caos en el que está el macroproyecto de San José”.
Lo que se busca con la demanda que fue admitida es que por parte de esta autoridad judicial se tomen decisiones con miras a la reformulación del macroproyecto de San José, “este caso es un macroproyecto de orden nacional, que lleva el rededor de 14 años y que en este momento está en manos del ministerio de vivienda, por lo que le estamos solicitando al juez que ordene al ministerio de vivienda, al fondo nacional de vivienda, a la alcaldía de Manizales, y a la ERUM, que haga esa reformulación, o de ser el caso, que por parte del ministerio se permita al municipio de Manizales, con base en su autonomía, adelantar el Plan parcial que permita realizar o construir el macroproyecto”, dijo el Personero.
Los afectados
De acuerdo con Arcila, del sector hacen parte entre otros, los barrios La Avanzada, San José, Colón San Ignacio y la misma Galería. “Esta es una comunidad que no solo está siendo afectada como tal, sino también el resto de la ciudad, que ha perdido la confianza en sus autoridades y en las instituciones, porque han pasado 14 años de un macroproyecto sobre el que no se han tomado decisiones“, advirtió.
Frente al macroproyecto se han presentado acciones de tutela, populares, de cumplimiento, pero ninguna ha permitido que se avance en el mismo, “en ese sentido, pretendemos, con una acción popular, pero con la pretensión especial de qué se declare como Estado de Cosas Inconstitucionales, tal y como aconteció en el Quindío por la contaminación que se generaba en las quebradas de Armenia, para que podamos tomar decisiones en dos sentidos, unas órdenes de carácter complejo para decirle a las autoridades que reformule el Marco macroproyecto, o que el ministerio permita un plan parcial al municipio de Manizales; y otro orden de carácter simple, que impacta de manera directa los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven allí, o de las personas afectadas”, manifestó Fernando Arcila.
Lo que piensa la Administración municipal
El gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales, ERUM, Esteban Restrepo Uribe, le dijo a La Veintitrés que recibieron la notificación de presentación de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos por parte de la Personería, en relación al macroproyecto de San José, al que están vinculados la ERUM, el municipio de Manizales, Infimanizales, el Ministerio de Vivienda y la Presidencia de la República.
“En este sentido lo que tenemos inicialmente es una actuación procesal de contestar el medio de control dentro de los tiempos de ley, pero detrás de esto no solamente hay una discusión jurídica, sino una discusión en torno al macroproyecto, y la suerte que debe correr el mismo, en el sentido en que los macroproyectos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, quedando en desarrollo los que ya habían iniciado alguna actividad al momento de la decisión judicial; en la actualidad el único que se está desarrollando es el de San José”, indicó el directivo de la entidad.
De acuerdo con lo dicho por Restrepo Uribe, el territorio involucrado son unas 95 Hectáreas qué no son administradas o reguladas por el Plan de Ordenamiento Territorial, siendo este uno de los elementos básicos por los que la Corten los declaro inconstitucionales. “La competencia para la administración del territorio, corresponde a los órganos municipales, los consejos municipales, las alcaldías y la ejecución y desarrollo del POT. Aquí la norma desde el punto de vista de regulación urbana la establece el Ministerio de Vivienda, y uno de los elementos que debemos analizar es esa participación del Ministerio y cómo nos articulamos con la alcaldía municipal, nuestro inversionista Infimanizales, y la ERUM como administrador, lo mismo que la Fiduprevisora, que es la entidad que tienen los recursos propios del patrimonio dentro de las fiducias tanto en el patrimonio autónomo matriz, como en el patrimonio autónomo de PAVIP”.
El gerente recordó que en los últimos años no se han realizado inversiones dentro del patrimonio autónomo, porque aún se tienen viviendas por demoler y algunas ocupaciones de esas viviendas no demolidas, por lo que el alcalde dio lineamientos claros para que se hagan acciones inmediatas, frente a los poseedores primero y para evitar que se generen nuevas ocupaciones en esos bienes que son del municipio, de infimanizales, o que sean titulares del dominio del patrimonio autónomo que administra la Empresa de Renovación. Allí también hará parte para actuar la secretaría de Gobierno.
Discusión de Ciudad
“Tenemos que discutir la pertinencia de esta figura del patrimonio autónomo, si los manizaleños recuperamos la administración de esta porción del territorio, o seguimos en asocio con el Ministerio, en tanto se den unas políticas de vivienda y se asignen los recursos necesarios para desarrollar el patrimonio autónomo frente a las obligaciones que se tienen dentro de los compromisos del mismo patrimonio cuando se estructuró, y los mismos compromisos que se tienen frente a las diferentes regulaciones que ha establecido el Ministerio de Vivienda para el macroproyecto”, expresó Esteban Restrepo, quien agregó que la discusión se debe hacer en los dos escenarios, “la discusión judicial en la sede del medio de control, pero también como ciudadanía y como administración, mirar la pertinencia de estas figuras, aclarando que la Empresa de Renovación Urbana no es el patrimonio, es un administrador histórico del patrimonio autónomo, que junto al macroproyecto San José, son entidades jurídicas independientes”, concluyó.
