En una operación contundente contra el hurto de hidrocarburos, tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional lograron localizar y destruir 20 válvulas ilícitas instaladas en poliductos de cuatro municipios del departamento de Santander. Esta acción, enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, evitó pérdidas económicas estimadas en más de 1.071 millones de pesos para las arcas del Estado y asestó un duro golpe a las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a la extracción clandestina de combustible. Las conexiones ilegales fueron identificadas en los municipios de Cimitarra, Simacota, Sabana de Torres y Barrancabermeja, específicamente en los poliductos Sebastopol–Salgar y Galán–Pozos Colorados, donde las válvulas permitían la extracción periódica de barriles de hidrocarburos.
El desglose de las operaciones por municipio revela la magnitud del flagelo. En la vereda Cachimbero de Cimitarra fueron neutralizadas cuatro válvulas que posibilitaban una extracción semanal de 1.500 barriles de combustible. En Simacota, la intervención sobre siete válvulas impidió la extracción de 700 barriles, equivalentes a 29.400 galones, con una afectación mensual estimada para las organizaciones criminales de 353 millones de pesos. Sabana de Torres, con ocho válvulas destruidas, representó el mayor volumen: 1.600 barriles (67.200 galones) evitados, lo que se traduce en una pérdida de 605 millones de pesos para los delincuentes en un lapso de dos meses. Finalmente, en la vereda La Cascajera de Barrancabermeja, una sola válvula impedía la fuga de 300 barriles de diésel (12.600 galones), generando una afectación superior a los 113 millones de pesos. En total, las 20 válvulas destruidas representan un daño económico superior a los 1.071 millones de pesos, aunque las cifras corresponden a diferentes rangos temporales, todas reflejan el enorme perjuicio que esta actividad ilegal causa a la economía nacional.
Riesgo ambiental y financiamiento criminal
La instalación de válvulas clandestinas no solo representa un grave perjuicio económico, sino que también constituye un riesgo latente para la infraestructura petrolera y el medio ambiente. Las conexiones improvisadas y la manipulación inadecuada de hidrocarburos pueden provocar derrames con consecuencias devastadoras para los ecosistemas y las comunidades cercanas. El hurto de combustible, además, es una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales que operan en la región, por lo que cada golpe a esta actividad ilícita debilita su capacidad de acción violenta. El Ejército Nacional, como parte de su estrategia de protección de infraestructura crítica, ha habilitado la línea 107 para recibir denuncias confidenciales de la ciudadanía sobre este tipo de actividades.
Golpe simultáneo al narcotráfico
En el mismo comunicado oficial, el Ejército reportó dos operativos adicionales contra el narcotráfico, realizados en otras regiones del país. En el municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, las tropas destruyeron un laboratorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dedicado al procesamiento de cocaína. La acción, ocurrida el 15 de agosto de 2026, permitió la incautación de 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió a este operativo y a la lucha contra el narcotráfico de manera general, afirmando que «nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes, un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína». En sus declaraciones, el mandatario subrayó la importancia de seguir golpeando las economías ilegales: «Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia».
«El narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
De manera paralela, en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, se desmanteló un laboratorio asociado al GAO-r Estructura 30. En este operativo se incautaron 500 kilogramos de cocaína procesada, más de 10 millones de pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para la producción de la sustancia, como gasolina, cal y una picadora. Según el comunicado castrense, «la operación permitió afectar esta estructura en más de 11,2 millones de pesos, además de destruir 500 kg de hoja de coca procesada, gasolina, cal, una picadora y otros elementos empleados para la producción de esta sustancia». Estas acciones, en conjunto con la destrucción de las válvulas en Santander, demuestran la ofensiva integral de las fuerzas militares contra las economías ilegales que alimentan la violencia en el país. El presidente Espriella fue contundente al respecto: «El narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua», sentenció, reafirmando el compromiso del Estado en esta lucha frontal.
