Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que devastó Pereira, la Policía Metropolitana detectó una red organizada de saqueadores que suplanta a rescatistas, conocidos como «topos», para abrir accesos clandestinos en edificios colapsados y robar cajas fuertes, dinero en efectivo y objetos de valor. Así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana, quien explicó que los delincuentes, equipados con prendas y herramientas similares a las de los voluntarios, aducen falsas alertas de sobrevivientes para evadir los controles de seguridad e ingresar a áreas restringidas, tanto de día como de noche. La investigación, a cargo del Bloque de Búsqueda y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), logró identificar varios accesos subterráneos, como huecos y túneles, en los sectores de Victoria, Olaya, Corocito y La Libertad.
“Estas redes de saqueadores, debidamente organizadas, tratan de evadir los controles de seguridad y se presentan con equipos en sitios donde existían locales comerciales, supermercados, bancos, casinos, joyerías, compraventas y venta de celulares”, declaró el coronel Ochoa. Durante las inspecciones, los uniformados encontraron una caja fuerte cerca de uno de los accesos ilegales, evidencia del objetivo de los saqueadores: apoderarse del dinero y las pertenencias que quedaron entre los escombros. El hallazgo obligó a las autoridades a replantear el esquema de seguridad en las zonas afectadas, pues la fuerza pública debe repartir sus recursos entre custodiar la búsqueda de víctimas y vigilar los establecimientos destruidos para evitar la entrada de falsos rescatistas.
El drama de los damnificados y las cifras de la tragedia
El sismo, que golpeó a Pereira y sus alrededores, dejó un saldo provisional de 108 fallecidos, 584 heridos, 251 desaparecidos y 268 personas rescatadas con vida. Las autoridades reportaron que 54.579 familias resultaron afectadas, con 11.627 viviendas destruidas y 47.717 averiadas. En total, 109 edificios colapsaron y otros 5.304 sufrieron daños estructurales, mientras que 343 instituciones educativas, 45 centros de salud, 137 vías y 18 acueductos también reportaron averías. Alrededor de 1.200 personas permanecen en albergues, como el del parque Olaya Herrera, uno de los primeros habilitados, donde cientos de damnificados pasaron las primeras noches a la intemperie y ahora enfrentan las lluvias sobre precarias carpas.
Líderes comunitarios han advertido sobre la difícil situación de los desplazados, entre los que hay personas con enfermedades de base, pacientes que requieren medicamentos de forma urgente y casos vinculados con problemas de salud mental. Organizaciones humanitarias y voluntarios lograron llevar equipos de psicología, médicos y personal pediátrico, pero los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Las autoridades trabajan en la identificación caso por caso de las familias para definir opciones de reubicación, mientras la Policía refuerza los operativos para desmantelar por completo las redes de saqueadores que se aprovechan de la tragedia.
«Estas redes de saqueadores, debidamente organizadas, tratan de evadir los controles de seguridad y se presentan con equipos en sitios donde existían locales comerciales, supermercados, bancos, casinos, joyerías, compraventas y venta de celulares»
Coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira
