El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo descuadre fiscal causado por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que obligó a desviar el plan de austeridad hacia la reconstrucción del país. Con costos estimados entre $20 y $40 billones, equivalentes al 1% y 2% del PIB, el presidente confirmó que la Nación se endeudará para financiar la emergencia y descartó la creación de nuevos impuestos. El sismo, de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se registró a las 7:34 de la mañana y afectó a cerca de 450 municipios, con especial impacto en Cali, Pereira y Manizales. El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), divulgado el 16 de agosto, reporta 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, más de 185.000 damnificados y 44.000 familias sin casa.
De la Espriella se posesionó apenas tres días antes de la tragedia, el 7 de agosto, con una promesa central: reducir el Estado en 40%, eliminar 700.000 funcionarios y contratistas, fusionar los 19 ministerios en 10 y ahorrar entre $25 y $30 billones anuales. Esos ahorros, que inicialmente se destinarían a sanar las finanzas públicas, ahora tienen un destinatario urgente: la reconstrucción de las zonas devastadas. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que ya había sido devuelto por el Congreso por un desfinanciamiento de $30,2 billones, deberá ser rearmado por el Gobierno y el Legislativo y presentado el 26 de agosto con las partidas de la emergencia, en un contexto en el que los ingresos proyectados alcanzan los $545,4 billones frente a un gasto estimado de $575,7 billones.
Reordenar urgencias, sin abandonar la disciplina fiscal
Los expertos consultados coinciden en que la tragedia no elimina la necesidad de disciplina fiscal, pero obliga a replantear el ritmo del ajuste. Para Lorena Gutiérrez, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá, el sismo no modificó el diagnóstico de las finanzas públicas: reordenó las urgencias. En su concepto, apretar el gasto sigue siendo indispensable, pero el ahorro ya tiene destinatario y fecha.
«El sismo no modificó el diagnóstico de las finanzas públicas: reordenó las urgencias. Apretar el gasto sigue siendo indispensable, pero el ahorro ya tiene destinatario y fecha».
Lorena Gutiérrez, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá
La decana también advierte que conviene separar dos cosas que suenan iguales: adelgazar el funcionamiento estatal y financiar obras. Reconstruir es inversión plurianual e inflexible, y no se paga recortando viáticos en un semestre. En cuanto al mecanismo de emergencia, sostiene que la declaratoria sirve para arrancar y montar la financiación, no para reconstruir, y que lo estructural pasa por ley y presupuesto, bajo control de la Corte Constitucional y del Congreso.
«Conviene separar dos cosas que suenan iguales: adelgazar el funcionamiento estatal y financiar obras. Reconstruir es inversión plurianual e inflexible; no se paga recortando viáticos en un semestre».
Lorena Gutiérrez, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá
La tragedia hace más urgente la austeridad
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo y del Departamento Nacional de Planeación, insistió en que la emergencia no elimina la necesidad de disciplina fiscal. El terremoto obliga al Gobierno a replantear el ritmo del ajuste del gasto, pero no debería llevarlo a abandonar la idea de la austeridad fiscal. Por el contrario, la tragedia puede hacer todavía más urgente la austeridad en otras áreas.
«Cada peso que se gaste en burocracia innecesaria, contratos prescindibles o programas de baja efectividad es un peso que no está disponible para la reconstrucción».
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence
El desafío para el Gobierno, según Mejía, será demostrar que puede atender una emergencia de enormes proporciones sin renunciar a la recuperación de la sostenibilidad fiscal.
Endeudarse, recortar y atraer inversión privada
Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, sostiene que el país tiene que hacer un vuelco para llegar a las zonas afectadas, atender a todos los damnificados y reconstruir la infraestructura de transporte, de salud, de educación y la infraestructura pública. Londoño reconoce que la Nación se endeudará más, pero advierte que ese esfuerzo debe acompañarse de un recorte de los gastos no esenciales y de una mejor focalización del gasto público.
«Nos vamos a endeudar más, vamos a recortar los gastos que no son, vamos a disminuir el tamaño del Estado y vamos a mostrar una senda de convergencia de la deuda pública».
Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda
«Uno no puede gastar más de lo que tiene», sentenció Londoño, quien además pidió centrarse en buscar inversión no solo pública, sino también privada, para que los empresarios le ayuden al país en invertir, en generar empleo, en generar empresas y en generar crecimiento.
Emergencia económica y Fondo Milagro
Para financiar la reconstrucción, el Gobierno declaró la emergencia económica el 12 de agosto, un mecanismo que creó el Fondo Milagro por un periodo de 30 días y que constituye la segunda declaratoria del año, después de la de febrero. Esta herramienta, sin embargo, tiene límites: la Corte Constitucional y el Congreso controlarán las medidas estructurales. Además de las partidas del Presupuesto General de la Nación y del propio fondo, el Ejecutivo espera contar con los aportes del sector privado y de entidades sociales. La Andi, por ejemplo, ya ha recaudado más de $200.000 millones para los damnificados.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el presupuesto «está lleno de burocracia» y que de allí saldrán los recortes. El país llega a esta emergencia con un déficit fiscal del 7,4% del PIB y una deuda neta récord del 61%, mientras la inflación anual a julio se ubicó en 6,03% y la tasa de interés del Banco de la República en 12%. La meta de reducir el déficit de 6,4% a 4,8% del PIB en el primer año de gobierno quedó más difícil de cumplir. Para septiembre se planea una reforma tributaria, aunque el Ejecutivo insiste en que no habrá nuevos impuestos.
El sismo de 1999 en el Eje Cafetero, que costó el 2,2% del PIB y en el que el Estado asumió dos tercios del gasto, sirve de referente histórico para dimensionar el desafío actual. La diferencia es que entonces la deuda pública era menor y el margen fiscal, más amplio. Ahora, con unas finanzas públicas ya deterioradas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que demostrar que puede atender la emergencia sin sacrificar la credibilidad de sus cuentas. Como advierte Lorena Gutiérrez, a este Gobierno lo van a medir por la composición del gasto, no por su tamaño.
«Si el tijeretazo cae en burocracia y el ahorro se ve en viviendas, colegios y hospitales, la promesa se cumple. Si es solo un traslado de partidas, la cuenta la paga el contribuyente».
Lorena Gutiérrez, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá
