En un movimiento sin precedentes dentro del actual gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó a la Fiscalía General de la Nación un documento denominado “libro de la verdad”, en el que se consignan nueve señalamientos de presuntos hechos de corrupción que, según su análisis, han marcado la administración del presidente Gustavo Petro. La declaración, realizada en una rueda de prensa y replicada a través de su cuenta de X, busca poner en conocimiento de las autoridades los patrones que él describe como fallas estructurales en la gestión pública y la configuración de riesgos institucionales que amenazan la transparencia del Estado.
El documento entregado por Restrepo no se limita a una enumeración de casos aislados, sino que propone una lectura sistémica de lo que él considera “nueve comportamientos o actuaciones” que han derivado en una gestión deficiente y en la concentración indebida del poder operativo. Entre los puntos que vertebran su denuncia, el vicepresidente destacó la destrucción del rigor técnico, el colapso de la capacidad tecnológica, la opacidad en la información pública, la parálisis operativa y la captura contractual, entre otros. Estos señalamientos, que aún no han sido objeto de una investigación formal confirmada por la Fiscalía, apuntan a un escenario en el que la administración pública habría operado al margen de los procedimientos establecidos.
Una radiografía de nueve fallas estructurales
El primer punto de la denuncia, la “destrucción del rigor técnico”, fue descrito por Restrepo como una práctica en la que “se saltan normas y procedimientos, dejan a un lado el mérito y la experiencia y, como resultado, llegan a decisiones erráticas o indebidas”. Este diagnóstico se complementa con el segundo señalamiento, el “colapso de la capacidad tecnológica”, que según el vicepresidente se manifiesta en “sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública, llevándolo a menos control y a espacios de irregularidades”. Ambos fenómenos, explicó, crean un caldo de cultivo para el tercer punto: la “opacidad y distorsión de la información pública”, donde afirmó que hay “cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así se hace imposible tomar decisiones acertadas”.
El cuarto señalamiento, la “parálisis operativa”, es quizás uno de los más concretos, pues Restrepo aseguró que “en doce sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan”. Esta parálisis se entrelaza con el quinto punto, la “captura contractual y concentración del poder operativo”, donde el funcionario denunció “contratos, recursos y acciones concentradas repetidamente en pocos contratistas que aumentan los riesgos de direccionamiento indebido y de corrupción”. La consecuencia de estas prácticas, según el documento, es la “expansión del riesgo litigioso”, un sexto punto en el que advirtió que “por malas decisiones y desorden, el Estado queda expuesto a sanciones, demandas y pleitos multimillonarios que terminan pagando los colombianos con sus impuestos”.
El séptimo señalamiento, la “pérdida del control operativo”, describe a “un Estado que perdió presencia y capacidad de ejercer autoridad en territorios donde grupos armados y economías ilegales ganaron poder e influencia”. Este fenómeno se agrava con el octavo punto, la “fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica”, donde Restrepo señaló que “cada entidad actúa por su cuenta, duplica esfuerzos, diluye responsabilidades y al final se llega al despilfarro y al favorecimiento indebido”. Finalmente, el noveno punto, la “capacidad fiscal restringida e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, se resume en una advertencia directa: “derroche, gastos crecientes, sobreendeudamiento que dejan a un país con menos capacidad de inversión”.
“Este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”.
José Manuel Restrepo, Vicepresidente de la República
Con la entrega de este documento a la Fiscalía, Restrepo busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción dentro del propio Ejecutivo, aunque no se precisaron fechas concretas para la apertura de una investigación formal. El vicepresidente, quien ha insistido en que este es apenas el inicio de un esfuerzo mayor por la transparencia, ha puesto sobre la mesa un diagnóstico severo que, de ser confirmado, implicaría una profunda reestructuración de los mecanismos de control y ejecución del gasto público. Por ahora, la pelota queda en el campo de la Fiscalía, que deberá determinar si los nueve señalamientos ameritan el inicio de un proceso formal que podría sacudir los cimientos del actual gobierno.
