En una movilización sin precedentes, el Concejo de Bogotá citará a más de 70 entidades del Distrito a un debate de control político el próximo 27 de agosto, con el objetivo de evaluar la preparación real de la capital frente a un sismo de gran magnitud. La iniciativa, aprobada mediante la Proposición 619 de 2026, fue impulsada por el concejal Julián Espinosa Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno, quien busca establecer el nivel de resiliencia de la ciudad ante una eventual catástrofe natural.
La citación, que se aprobó en sesión del 10 de julio, responde a la urgencia desatada tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la región del Pacífico y el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, un evento que reavivó la preocupación sobre la vulnerabilidad de Bogotá. Entre las entidades convocadas se encuentran el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, las secretarías de Salud, Seguridad, Planeación, Hábitat, Hacienda y Gobierno, así como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También deberán presentar informes las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, la Personería, la Contraloría, la Veeduría Distrital y cinco Curadurías Urbanas.
Una ciudad asentada sobre suelos inestables
Las cifras que sustentan la preocupación del cabildo distrital son contundentes. De las 945.000 edificaciones que conforman el inventario de la ciudad, más de 708.000 presentan condiciones vulnerables ante un sismo de alta intensidad. El 74% de estos inmuebles de alto riesgo fueron construidos entre 1960 y 1999, es decir, antes de la adopción de las normas sismorresistentes modernas que hoy rigen en el país. Con un total de 315 millones de metros cuadrados construidos, cuyo valor inmobiliario se estima en 227 billones de pesos colombianos, las potenciales pérdidas por un sismo de magnitud 7 a 40 kilómetros de Bogotá ascenderían a 38 billones de pesos. En el peor de los escenarios, 19.000 manzanas sufrirían daños severos, con pérdidas equivalentes al 17% del patrimonio total de la ciudad.
El análisis de microzonificación sísmica, establecido en el Decreto Distrital 523 de 2010, y los estudios del Idiger y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, indican que las localidades más expuestas son San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, especialmente en su borde occidental. Estas zonas, caracterizadas por suelos blandos, aluviales o de relleno, presentan los mayores niveles de amenaza. En contraste, los sectores asentados sobre roca sólida, aunque no están exentos de afectaciones, son menos vulnerables. La citación a las entidades obliga a presentar informes detallados sobre escenarios de amenaza, fallas geológicas activas, logística para emergencias, estado de las estaciones de bomberos en cuanto a sismorresistencia, equipos de búsqueda y rescate, y la capacidad real para atender emergencias complejas, todo ello con la finalidad de medir si la ciudad está en capacidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales y la protección de cientos de miles de personas ante un evento sísmico de gran magnitud.
