El Centro de Pensamiento Económico Anif presentó un paquete integral de medidas para financiar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, afectando gravemente a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. La propuesta, que se enmarca en la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, busca movilizar recursos tanto públicos como privados sin recurrir a la creación de nuevos impuestos permanentes ni poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, en un contexto de déficit fiscal que exige prudencia en el gasto.
De acuerdo con el documento elaborado por Anif, el costo total de la reconstrucción de edificaciones asciende a 24,5 billones de pesos, mientras que la reparación de la infraestructura dañada —que incluye hospitales, vías y aeropuertos— requiere aproximadamente 5,5 billones de pesos adicionales. Para hacer frente a esta gigantesca tarea sin comprometer las finanzas públicas, el centro de pensamiento propone una serie de mecanismos que permiten canalizar recursos de manera ágil y eficiente, aprovechando instrumentos ya existentes y evitando cargas tributarias permanentes que afectarían la reactivación económica.
Reasignación de presupuesto y regalías como ejes centrales
Entre las medidas más destacadas se encuentra la revisión de los recursos de inversión no ejecutados del Presupuesto General de la Nación de 2026, cuyo monto máximo alcanza los 20,1 billones de pesos, siempre que no afecten a los sectores damnificados por el sismo. Adicionalmente, Anif propone liberar 3,7 billones de pesos correspondientes a proyectos del Sistema General de Regalías que carecen de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y utilizar los recursos no asignados a proyectos de inversión de dicho sistema, que suman 10,1 billones de pesos. Estas partidas se destinarían prioritariamente a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura en las zonas afectadas, con énfasis en la eficiencia en la ejecución del gasto.
El documento también plantea la extensión temporal de los mecanismos de Obras por Impuestos y Obras por Regalías a territorios que hoy no califican, como Pereira, Manizales y Cali, lo que permitiría que el sector privado participe activamente en la reconstrucción a cambio de beneficios tributarios. Asimismo, se sugiere capitalizar al Fondo Nacional de Garantías con un monto que podría oscilar entre 90.000 millones y 240.000 millones de pesos, dependiendo de si entre el 30 % y el 80 % de las microempresas de la zona solicitan créditos con garantías del Fondo, cuyas coberturas irían del 60 % al 90 % del valor del préstamo.
Otra de las innovaciones de la propuesta es el denominado Anticipo Solidario para la Reconstrucción, que no constituye un nuevo impuesto sino un pago adicional voluntario de hasta el 10 % del impuesto de renta liquidado por las empresas, el cual sería totalmente descontable en la declaración del año siguiente. Esta figura, según Anif, permitiría captar recursos frescos de manera inmediata sin generar una carga fiscal permanente para los contribuyentes.
«En conjunto, estas medidas buscan movilizar de manera ágil recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a cargas tributarias permanentes, en línea con las lecciones que dejó la experiencia del Eje Cafetero en 1999».
Anif, Centro de Pensamiento Económico
El terremoto del 10 de agosto dejó un saldo de personas fallecidas y desaparecidas, además de graves daños en viviendas, edificaciones, hospitales, vías y aeropuertos en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. La emergencia económica decretada por el Gobierno nacional busca agilizar la asignación de recursos y la ejecución de obras, y la propuesta de Anif se presenta como una hoja de ruta técnica y financiera para enfrentar el desafío sin deteriorar las cuentas fiscales del país. La entidad advierte que la prioridad debe ser la eficiencia en el gasto y la transparencia en la ejecución, por lo que sugiere concentrar la revisión del presupuesto de inversión en sectores con ejecución inferior al 20 % y dar prelación en el Presupuesto General de la Nación de 2027 a las entidades encargadas de la gestión del riesgo, atención, búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
