El coronel en retiro del Ejército colombiano Luis Alfonso Plazas Vega deberá comparecer el próximo 8 de septiembre de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, para afrontar un juicio civil por su presunta responsabilidad en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La demanda fue presentada en 2022 por las tres hijas del magistrado —Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain—, quienes alegan que Plazas Vega, desde su posición de mando en la Escuela de Caballería del Ejército, tuvo autoridad sobre los militares que participaron en los hechos y, por tanto, debe responder civilmente bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos.
El proceso, que se extenderá durante diez días, se centrará en el concepto de responsabilidad de mando, una figura jurídica que, según documentos del tribunal citados por El Espectador, establece que “una persona puede ser responsable aunque no haya realizado personalmente cada acto” y que “el demandado no necesita haber realizado personalmente el crimen”. En el documento judicial se precisa que “no es necesario que la persona responsable haya utilizado personalmente un arma o ejecutado físicamente cada acto que produjo la muerte si su conducta sometió al magistrado Urán a la ejecución extrajudicial”. La defensa de Plazas Vega sostiene que el coronel no tuvo participación ni responsabilidad en los hechos y que su absolución en 2015 por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que lo exoneró del delito de desaparición forzada, debería ser considerada.
Los hechos y el contexto del caso
Los sucesos que dieron origen a la demanda se remontan al 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia y las Fuerzas Militares realizaron la retoma, un operativo que dejó decenas de muertos y desaparecidos. El magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, quien se encontraba en el edificio, fue visto con vida al salir del Palacio, pero su cuerpo apareció posteriormente en el interior con un impacto de bala a corta distancia. Las hijas del magistrado sostienen que Plazas Vega, quien comandaba la Escuela de Caballería, tenía el deber de prevenir los abusos y que su omisión constituye una forma de responsabilidad. De acuerdo con el tribunal, “se basa en la idea de que quienes ocupan posiciones superiores dentro de una cadena de mando tienen poder o autoridad y, además, el deber de prevenir los abusos”.
El juicio contará con un amplio número de testigos. Por parte de las demandantes se han citado 21 personas, entre ellas Orlando Arrechea Ocoró, Julia Navarrete, Rodrigo Barrera, Cecilia Cabrera Guerra —esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, desaparecido durante los hechos— y Ricardo Gámez Mazuera, exagente de inteligencia del Estado que entregó información sobre torturas a la Procuraduría en 2007. La defensa de Plazas Vega presentará a 13 testigos, entre los que figuran el magistrado auxiliar José Gabriel Salom y el exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado. Plazas Vega, quien actualmente reside en Weston, Florida, enfrentará el juicio en el mismo país donde vive, bajo un sistema civil que no juzga la autoría material del crimen sino la responsabilidad de mando.
“Una persona puede ser responsable aunque no haya realizado personalmente cada acto”.
Documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida
El desenlace de este proceso judicial será seguido de cerca tanto en Colombia como en Estados Unidos, pues representa un precedente en la aplicación de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura para juzgar a militares colombianos retirados por hechos ocurridos durante el conflicto armado. Mientras tanto, las hijas del magistrado Urán mantienen su lucha por justicia, confiando en que el jurado estadounidense determine la responsabilidad de quien, desde su mando, pudo haber permitido la muerte de su padre.
