En una operación que sacude los cimientos de la institución castrense, un coronel del Ejército Nacional fue capturado dentro del Cantón Norte de Bogotá, la principal guarnición militar del país. La detención, ejecutada en medio de un operativo conjunto de contrainteligencia militar, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, se produjo por orden judicial directa y responde a una investigación que abarca un periodo de seis años, entre 2019 y 2025. Al alto oficial se le imputan cuatro delitos graves: concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tenencia ilegal de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas.
La identidad del coronel no ha sido revelada por las autoridades, pero su captura dentro del Cantón Norte enciende las alarmas sobre posibles vulnerabilidades internas en la cadena de mando de la Fuerza Pública. La Fiscalía Penal Militar de Conocimiento Especializado lleva el caso como parte de una pesquisa que surgió desde el interior de la misma institución, ante sospechas de infiltración del crimen organizado. La detención se da en un contexto internacional sensible, donde Estados Unidos mantiene al ELN como objetivo prioritario para operaciones conjuntas con Colombia, lo que hace aún más crítica la necesidad de una fuerza militar libre de corruptelas.
Un caso paralelo en Pasto expone filtraciones en las filas
Paralelamente, y como un reflejo de un problema que parece sistémico, otro suboficial fue enviado a prisión por hechos similares. Un sargento viceprimero, cuyo nombre tampoco se ha divulgado, fue recluido preventivamente por la Justicia Penal Militar y Policial, acusado de sustraer municiones y material de guerra del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, en Pasto, Nariño. Según la investigación, el suboficial, quien fungía como almacenista de armamento, alteró comprobantes de gasto, certificados de consumo, actas de reintegro y balances para facilitar la apropiación del material por parte de terceros.
El caso del sargento, que ocurrió durante 2024, fue acompañado por el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar. Los delitos imputados son peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica y falsedad material en documento público. La Fiscalía Penal Militar detalló que se detectaron «firmas falsificadas de oficiales y suboficiales» en los documentos alterados. Ante el juzgado 1716 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, que ordenó la reclusión preventiva el 18 de agosto de 2026, el sargento no aceptó los cargos, según reportes oficiales. Ambos casos generan una profunda inquietud en las filas militares y en los organismos judiciales, a la espera de que el Ejército emita una declaración oficial sobre estos hechos que comprometen la honorabilidad de la institución.
