El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la suspensión total de la programación de las 20 emisoras de paz creadas en el marco del Acuerdo de 2016, así como de 11 emisoras descentralizadas del sistema de Radio Nacional, lo que en conjunto representa más de 70 frecuencias en todo el territorio. La instrucción fue enviada el lunes festivo 17 de agosto a través de un mensaje de WhatsApp por parte de Inravisión –cuya nueva gerente, Ángela María Mora, fue oficializada el 12 de agosto– y ordena que desde entonces solo se emita música, eliminando por completo los contenidos informativos, culturales y comunitarios que durante años han caracterizado a estas estaciones ubicadas en municipios priorizados por el posconflicto. La medida se conoció apenas días después de la posesión del nuevo Gobierno y ha provocado un fuerte rechazo por parte de firmantes del acuerdo y líderes políticos.
Las emisoras de paz fueron creadas en el punto 6.5 del Acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC, con el propósito de hacer pedagogía de la no violencia a través de contenidos culturales, informativos y de servicio, así como de fortalecer la reintegración y la reparación en zonas históricamente golpeadas por el conflicto. Según trabajadores de estas estaciones, cerca del 90% de la programación era de producción local, lo que en muchos municipios representa el único medio de comunicación que conecta a las comunidades entre sí y con el resto del país. La suspensión no solo eliminó programas periodísticos, sino también espacios dedicados a cultura, medio ambiente, vida campesina y dinámicas comunitarias, en lugares donde la radio pública cumple una función vital de cohesión territorial.
Críticas desde el partido Comunes y defensa del Acuerdo
El exjefe guerrillero y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño –conocido durante el conflicto como Timochenko–, calificó la decisión como un incumplimiento directo del Acuerdo de Paz y una violación de la Constitución. A través de su cuenta en la red social X, Londoño cuestionó las motivaciones del Gobierno al afirmar que “apagar las Emisoras de Paz es incumplir el Acuerdo de Paz y violar la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es el temor y la prevención hacia las emisoras creadas por el Acuerdo de Paz cuyo fin único es hacer pedagogía de la no-violencia por medio de la cultura y el arte?”.
«Apagar las Emisoras de Paz es incumplir el Acuerdo de Paz y violar la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es el temor y la prevención hacia las emisoras creadas por el Acuerdo de Paz cuyo fin único es hacer pedagogía de la no-violencia por medio de la cultura y el arte?»
Rodrigo Londoño (alias Timochenko), exjefe guerrillero y líder del partido Comunes
Por su parte, el exsenador Omar Restrepo, también del partido Comunes, fue igualmente enfático al señalar que silenciar estas emisoras atenta contra el derecho a la información y, de manera particular, contra el derecho de las comunidades afectadas por el conflicto a tener voz. “El Acuerdo de Paz es una conquista del pueblo colombiano y, por eso mismo, por mucho que los guerreristas de la extrema derecha se empeñen en desmontarlo, no nos van a devolver al pasado de los hornos crematorios, los falsos positivos y las masacres. Porque silenciar las Emisoras de Paz no atenta solo contra el derecho a la información, sino que atenta directamente contra el derecho de las comunidades afectadas por el conflicto y de las víctimas a ser informadas y a tener voz”, afirmó Restrepo en una declaración pública.
«El Acuerdo de Paz es una conquista del pueblo colombiano y, por eso mismo, por mucho que los guerreristas de la extrema derecha se empeñen en desmontarlo, no nos van a devolver al pasado de los hornos crematorios, los falsos positivos y las masacres. Porque silenciar las Emisoras de Paz no atenta solo contra el derecho a la información, sino que atenta directamente contra el derecho de las comunidades afectadas por el conflicto y de las víctimas a ser informadas y a tener voz»
Omar Restrepo, exsenador del partido Comunes
La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue respaldada por un comunicado del Ministerio TIC emitido el 16 de agosto, en el que se anunciaba el fin del “aparato de propaganda” en los medios públicos. La ministra Alexandra Falla ha defendido la medida argumentando que se busca un sistema de medios “plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”, en el que la información pública no quede subordinada a intereses políticos. Sin embargo, trabajadores de Inravisión y de las emisoras afectadas han reportado que desde antes de la orden ya se vivían tensiones editoriales, incluyendo la intervención de Diego Fajardo –quien aún no había sido contratado formalmente– en los consejos de redacción, episodios que se agravaron durante la cobertura del terremoto del 10 de agosto. La controversia sigue escalando mientras las comunidades de los municipios más golpeados por el conflicto pierden, al menos por ahora, su principal ventana de información y expresión.
